Iglesia toma partido en caso de ex gobernadores; acusa a la Federación de ineficiente para castigar la corrupción

A través de su semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica difundió el domingo un editorial en el que hace alusión  a los casos de corrupción en los que se han visto envueltos ex gobernadores, y califica como histórico que se tomen acciones en contra de ex mandatarios como Andrés Granier Melo, de Tabasco.

Esta publicación se da luego de que el semanario Proceso difundiera, en septiembre pasado, un reportaje en el que se mencionaba que el ahora Presidente, Enrique Peña Nieto, como candidato, se había comprometido ante el pleno de obispos mexicanos a emprender modificaciones constitucionales para que la jerarquía católica gozara de una “libertad religiosa plena” y sus ministros de culto pudieran  ser gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales. Sobre el particular, el semanario entrevistó en septiembre de 2012 al vocero del episcopado, Manuel Corral, quien definía como uno de uno de los puntos pendientes a discutir con el entonces ganador de las elecciones, el acceso a cargos de elección popular. “La ley civil no debe prohibirles a los ministros de culto desempeñar cargos públicos como cualquier otro ciudadano. Eso se llama discriminación. Ya hay organismos en México que la combaten, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Sin embargo, la Iglesia ha quedado fuera de estas políticas y sigue siendo víctima de la intolerancia. La Iglesia no afecta a nadie, al contrario, siempre ha sido fundamental para la cohesión social de los pueblos”, señaló el vocero. UNA PROMESA ES UNA PROMESA Como recuerdo de la promesa hecha en campaña por Peña Nieto, en su editorial, la arquidiócesis consideró que el gobierno federal debe tener mayor control en el manejo de los recursos públicos, a fin de abatir la corrupción en los gobiernos estatales. Sostuvo que las leyes vigentes son ineficientes para perseguir y acotar malos manejos, toda vez que en algunas entidades prevalecen los gastos excesivos en acciones que no benefician a la población. Actualmente, acotó el texto, resulta inconcebible la ausencia de mecanismos efectivos para evitar desfalcos, desvíos y acumulación de capitales de procedencia ilícita, como se le han atribuido a varios ex gobernantes, e incluso, a gobernadores en turno. Urgió al diseño de leyes que permitan acabar con los llamados “paraísos autónomos” de los gobernadores, debido a que “basta la tolerancia del mandatario entrante para continuar la impunidad del saliente”.

La Iglesia Católica insistió en que el manejo de los recursos públicos debe revisarse con toda seriedad, pues no sólo ha entorpecido la lucha contra el derroche, “sino contra el mismo crimen organizado, con consecuencias terribles para la seguridad y las economías regionales”. El ex Gobernador de Quintana Roo, detenido en 2007. Foto: Cuartoscuro CONTRA LOS EX GOBERNADORES Aunque nunca los menciona por su nombre, la publicación consideró como “un hecho histórico”, el que un ex Gobernador “durmió esta semana tras las rejas, luego de ser acusado por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Los antecedentes más cercanos nos remiten a los ex mandatarios de Quintana Roo (Mario Villanueva) y Chiapas (Pablo Salazar), quienes fueron imputados de varios delitos”.

Advierte que si bien esta nueva estrategia política de los gobernadores en turno –de hacer que el mandatario saliente responda por los malos manejos de dinero en su gestión– es de reconocerse, pues a la larga debe generar grandes beneficios a la población en términos de transparencia y de un manejo responsable de los recursos públicos, “también corre el riesgo de ser utilizada como una herramienta mediática de posicionamiento político, que poco tiene que ver con el ejercicio de la justicia y el camino hacia un uso honesto del poder”. Exige a la Federación un mayor control para acabar con “estas prácticas nefastas que se realizan al amparo de una arcaica autonomía constitucional de los estados. “En este sentido, sólo la alternancia de partidos aparece en el cambio de poderes como un elemento fiscalizador del pasado inmediato –con el riesgo de convertirse en el eje de la acción de gobierno, por encima de las verdaderas prioridades–, aunque no faltan los mandatarios que prefieren guardar un silencio cómplice, esperando servirse de los recursos públicos y del dinero ilícito, como sus precedentes, evitando juzgar para no ser medidos con la misma vara cuando les llegue su turno”, finaliza.