MÉXICO, D.F. (apro).- El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, interpuso amparos contra los autos de formal prisión que dictaron en su contra los juzgados Cuarto y Quinto en Materia de Procesos Penales Federales.
En entrevista, Eduardo Luengo Creel, abogado defensor del exmandatario preso en la Torre Médica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, señaló que los recursos quedaron radicados en el Juzgado 11 de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en esta capital, donde se encuentran los antecedentes del juicio que interpuso el exmandatario contra la orden de arraigo y su ejecución.
Precisó que el Juzgado Cuarto de Distrito radicado en Villahermosa, Tabasco, dictó órdenes de aprehensión contra Granier Melo, y mediante exhorto solicitó a los jueces capitalinos que recabaran su declaración preparatoria y determinaran su situación jurídica.
El pasado 1 de julio el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México dictó auto de formal prisión contra Granier por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
Un día después el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales determinó que el Ministerio Público Federal aportó los elementos probatorios para que se dictara auto de formal prisión contra el exgobernador por el delito de defraudación fiscal equiparada agravada, detalló.
En este caso, Granier Melo lleva los dos procesos en su contra en reclusión, debido a que ambos ilícitos son considerados como graves por las leyes federales y por eso no tiene el beneficio de la libertad bajo caución, resaltó Luengo Creel.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), los cargos que se le imputan al exmandatario tabasqueño están relacionados con el mal manejo de más de 989 millones de pesos que recibió su gobierno en el periodo 2010-2012, por concepto de aportaciones federales para gastos de seguridad, educación, salud, programas sociales y de protección civil, que presuntamente fueron desviados y triangulados por funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Tabasco.
