La subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, instancia a cargo de dar cumplimiento a la sentencia, informó a los legisladores el 13 de junio pasado que las reparaciones en los rubros de educación y salud, además de la indemnización a Inés y Valentina han sido cumplidas.
Aunque según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que ha encabezado la defensa del caso de las dos mujeres, en esos rubros todavía no existen medidas que puedan trascender ante un cambio de gobierno o de funcionarios.
“Lo que hemos tenido son medidas coyunturales que van cumpliendo año con año pero no hay nada que refleje una visión de asegurar que las medidas trasciendan ya no digamos de sexenio a sexenio, sino de cambio de funcionario a cambio de funcionario y que den garantías suficientes de certeza jurídica a las víctimas y que reflejen que el Estado está involucrado en el cumplimiento serio, pronto, efectivo y cabal de una sentencia internacional”, dijo en entrevista Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan.
Gobernación señala que la indemnización correspondiente se entregó a Inés Fernández y Valentina Rosendo en noviembre y julio de 2011, respectivamente; y que para indemnizar a sus hijos existe un fideicomiso que podrán tener cuando sean mayores de edad.
Al respecto, la defensa de las indígenas denuncia que ese fideicomiso “no se ha materializado” y hasta la fecha, ninguna de las dos conoce las características del mismo ni existe un “mecanismo de naturaleza transexenal” que garantice el acceso de los menores a la indemnización.
La sentencia de la Corte Interamericana publicada en octubre de 2010 señala que Noemí, Ana Luz, Nélida y Colosio, los cuatro hijos de Inés; y Yenis, la hija de Valentina, se convirtieron también en víctimas del Estado después de que sus madres fueron objeto de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército y de autoridades estatales y federales en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la “violencia institucional castrense”.
Ambas fueron violadas por militares en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años, respectivamente. Cuando presentaron denuncias ante el Ministerio Público, éste primero se negó a tomar la declaraciones porque estaban involucrados elementos del Ejército y una vez que se inició la averiguación previa, Valentina no contó con un intérprete a pesar de que no hablaba español y el expediente médico que probaba la violación de Inés se reportó como extraviado.
Educación y Salud
Las sentencias contra el Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de Inés y Valentina contienen 17 y 16 medidas de reparación del daño, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.
Santiago Aguirre dijo en entrevista que las dos mujeres reconocen que las sentencias “son largas y complejas” y que por ello han tenido la voluntad de dialogar con los gobiernos en turno para discutir como será la mejor manera de cumplir con los distintos puntos del fallo.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) enviaron este lunes 1 de julio un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación por los avances que competen exclusivamente a esa instancia de gobierno y que se reportan como cumplidos pese a que la defensa de Inés y Valentina no coincide con ese estatus.
El extrañamiento surgió por el documento que entregó Lía Limón, titular de la subsecretaría de Derechos Humanos, al Senado en respuesta a un punto de Acuerdo aprobado el 9 de abril pasado en el que se solicitó un informe sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana.
Además del tema de indemnización, organizaciones civiles consideran que los rubros de educación y salud no se han cumplido a cabalidad como reporta Gobernación.
Segob informó al Senado que en octubre y noviembre de 2012 se firmaron convenios con las secretarías de Salud federal y la de Guerrero, así como con representantes de Valentina e Inés para garantizar la atención médica y psicológica de ambas y de sus familias.
“Se llegó a un acuerdo sobre una modalidad de acceso a los servicios públicos a través de un esquema similar al seguro popular pero con algunos añadidos. Pero en la práctica la atención no ha sido la óptima para ninguna de las dos y se les trata de atender mediante esquemas que no reflejan lo acordado ni lo respectivo a un mecanismo propio de un fallo internacional”, según el abogado de Tlachinollan.
En cuanto a educación, Gobernación dio información de acuerdos para que los hijos de Inés y Valentina cursen los ciclos escolares 2011-2012 y 2012- 2013; además de que indicó que hay un fideicomiso para cubrir los gastos de los siguientes periodos escolares.
Sobre este punto, Aguirre insiste en que las dos mujeres no tienen información de un fideicomiso y lo que se ha hecho es “negociar año con año” para cumplir lo establecido en la sentencia por periodo escolar y no con un mecanismo que asegure que habrá becas escolares hasta la universidad para los cinco menores involucrados.
