AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- El juez Tercero de lo Penal dictó el auto de formal prisión en contra del notario público Fernando Quezada Leos, acusado de actuar en complicidad con el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat en la adquisición irregular de predios, con lo que se habría causado un daño al erario estatal por más de 18 millones de pesos.
Según un comunicado del Tribunal Superior, el juez Yuri Berthaud Reyes determinó que el notario incurrió en encubrimiento del peculado cometido en la donación de terrenos por parte el Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes, con lo que se benefició a algunas empresas particulares de “dudosa existencia”.
Así, una donación hecha al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sirvió “de mascarada para donar otros terrenos a empresas que perseguían fines particulares, obteniendo un beneficio durante la administración del sexenio pasado, en las que se afirma hay más involucrados de alto nivel”, refirió el Tribunal Superior.
El CIDE se ha deslindado de las anomalías registradas en este proceso, al asegurar que confió en el actuar legal de las autoridades.
El Tribunal informó que además de Quezada Leos, como parte de los procesos en los que está involucrado el exgobernador Reynoso Femat, también fueron detenidos por la Policía Ministerial el director de Nafinsa, Benjamín Salas; el subsecretario de Promoción y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico, David Cisneros Castro; Jaime Santos Landín, director general jurídico de la Secretaría de Gestión e Innovación, y Miguel Marín Bosque, director de Normatividad de la Secretaría de Finanzas.
Sin embargo, para el sábado 20 el director de Nafinsa salió en libertad gracias a un auto dictado por el juez Tercero, quien concluyó que no había suficientes elementos para sujetarlo a proceso.
En tanto que los otros tres funcionarios esperan que el juez Yuri Berthaud Reyes dicte la respectiva resolución de prisión o libertad este martes 23.
En el caso de Fernando Quezada, detenido el martes 16, el juez reclasificó el delito de peculado –del que inicialmente era acusado el notario por la Procuraduría de Justicia– y lo clasificó como encubrimiento, al considerar que no había los elementos suficientes para procesarlo por el primero.
Debido a que el indiciado había solicitado la duplicidad del término constitucional, el juez dictaminó hasta hoy la formal prisión en contra del notario público, al considerar que las pruebas entregadas por éste no fueron suficientes para acreditar su inocencia.
Quezada Leos, además, se reservó su derecho a declarar. El Código Penal del estado prevé una pena de uno a seis años de cárcel y de 50 a 200 días de multa por el delito de encubrimiento. Como no se trata de un delito grave, el notario podrá pagar una fianza para enfrentar el juicio en su contra sin permanecer en prisión.
