Asesinatos, secuestros, atentados, amenazas, guerra sucia e intervencionismo gubernamental de los tres niveles, entre otras prácticas delincuenciales y fraudulentas traducidas en cientos de denuncias penales, caracterizaron las campañas en los 14 estados donde este domingo 7 se celebrarán elecciones, las primeras tras el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República.
Pese al pacto de los partidos con el gobierno de Enrique Peña Nieto para suprimir en las campañas los temas de la inseguridad y la violencia en el país, un pacto que reveló el presidente del PAN, Gustavo Madero, esas fueron justamente las características que marcaron la contienda y que, se prevé, emerjan también en la jornada electoral del domingo, a la que podrán acudir 32 millones de adultos, poco menos de un tercio de los mexicanos.
De hecho, además de los partidos, sus candidatos, las autoridades y los medios de comunicación, en el proceso electoral en curso apareció con nitidez otro protagonista: La delincuencia organizada, cada vez más asociada a los políticos, de acuerdo con las propias denuncias.
Aunque predomina la incertidumbre en los resultados que habrá en las 14 entidades elecciones —porque desprestigiadas firmas encuestadoras no difundieron estudios—, existe la certeza es que estallarán varios conflictos poselectorales, derivada de la judicialización promovida por los propios partidos y coaliciones.
El Partido Acción Nacional (PAN) promovió 67 denuncias penales ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), pero el PRI presentó 110, 42 de ellas sólo en Baja California, donde se disputará la única gubernatura, seguida de Puebla, con 23, donde el gobernador panista Rafael Moreno Valle busca catapultarse hacia la candidatura presidencial en 2018.
De los 14 estados donde habrá elecciones, sólo Baja California es gobernado por el PAN, mientras que Puebla, Oaxaca y Sinaloa tienen mandatario surgido de coaliciones conformadas por PAN, PRD y PT —que ahora se reactivaron—, pero en las otras nueve entidades gobierna el PRI con el apoyo del Partido Verde y en algunos casos Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo.
Justamente los gobernadores priistas de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas son acusados por la coalición de derecha-izquierda de intervenir en los recursos públicos para favorecer a los candidatos priistas, pero éstos han achacado lo mismo a sus antagonistas.
El PRI ya denunció penalmente al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, por supuestamente desvíar más de mil 300 millones de pesos a favor de los candidatos del PAN, mientras que a Moreno Valle, ahijado político de Elba Esther Gordillo, también es acusado de apoyar con recursos públicos a Antonio Gali Fayad, candidato a Puebla capital.
Pero como no se había visto antes, las campañas locales se tiñeron de sangre con asesinatos y otros hechos de violencia, todos sin esclarecer:
El lunes 1, a una semana de las elecciones, José Ricardo Reyes Zamudio, candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Dimas, Durango, fue asesinado a balazos, y dos días antes, el 29 de junio, ejecutaron en Sinaloa a Antonio Loaiza Zamora, hijo de uno de los coordinadores de campaña estatal priista y sobrino del candidato a diputado.
También el sábado 29, la candidata priista a diputada local Rosalía Palma fue atacada con rifles de asalto R-15 en una emboscada. Aunque sólo resultó herida, su esposo y sobrina murieron. Ese mismo día, en Saltillo, Coahuila, fue hallado el cadáver del excandidato a gobernador y exdiputado federal Francisco Navarro, quien había sido secuestrado el 25 de junio.
El 23, en Sinaloa fue asesinado Eleazar Armenta, coordinador de campaña y candidato a suplente a regidor por la alianza PAN, PRD y PT, y en febrero el precandidato del PRI en el municipio de Lerdo, Mario Landeros, fue secuestrado y luego encontrado muerto.
Las elecciones del próximo domingo 7 se enmarcan, también, en el controvertido Pacto por México, firmado por las cúpulas de los principales partidos políticos con Peña Nieto, quien tomó posesión e inició su gobierno arropado por los que fueron sus opositores en el proceso electoral de hace un año.
Aunque panistas y perredistas se quejan de que los gobernadores y el gobierno federal hacen trampa para favorecer a los candidatos priistas, no le otorgan ninguna responsabilidad a Peña, en especial Gustavo Madero, presidente del PAN, quien declaró al semanario Proceso que el mandatario mexicano sí cumple…
