El PRI insiste en un país en paz, mientras la oposición exige presencia del Ejército en los comicios del 7 de julio

El camino al proceso electoral del próximo 7 de julio ha estado manchado por la violencia verbal y física contra candidatos de todos los partidos. Estos comicios han sido ya calificados como “los más violentos” en la historia reciente de México. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han exigido al Presidente Enrique Peña Nieto que las fuerzas armadas del país vigilen la jornada del próximo domingo, sin embargo, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) minimizaron los hechos de violencia y la perdida de vidas; para ellos no es necesario que el Ejército y elementos de la Marina resguarden el proceso en las 14 entidades que saldrán a votar. Por un lado, el Senador priista Patricio Martínez, integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos Electorales, rechazó que las bandas de la delincuencia organizada hayan influido en modo alguno en el desarrollo del presente proceso electoral, que culminará el próximo domingo 7 de julio. “No tuvimos ningún reporte de alguna violencia que marcara focos rojos en los estados de la República en lo general. Hay el comentario de temores en algunas zonas de la sierra de tal o cual estado. Hay la pasión política que lleva a los desencuentros callejeros que se dan entre algunos promotores de los diferentes candidatos, pero nada que podamos generalizar y nada que podamos señalar como una preocupación nacional”, sostuvo el Senador por Chihuahua. Por el contrario, el panista José María Martínez, presidente de la misma Comisión Especial, refrendó la alerta promulgada por su dirigencia nacional, en el sentido de que los asesinatos, “levantones” y amenazas que sufrieron por lo menos 20 candidatos, permiten calificar los comicios del próximo domingo, como los más violentos de la historia. “Éste no es el país que queremos. Éste no es el país que merece ningún mexicano hoy, como se está viviendo en todos los estados: candidatos con grado de violencia en sus estados, otros a los que les han quitado la vida, otros a los que han “levantado”, otros a los que han, incluso, agredido físicamente”, apuntó el legislador por Jalisco. Apenas el pasado 28 de mayo, el coordinador de los Senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, alertó sobre la posible “colombianización” del proceso electoral, es decir, la intromisión del narcotráfico en el desarrollo de las campañas, como lo hicieran los cárteles de la droga en Colombia en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, el PRI desestimó la violencia que se vivió durante las campañas electorales, las cuales fueron denunciadas oportunamente por partidos de oposición, principalmente en los estados de Veracruz, Durango, Tamaulipas y Oaxaca, en donde se registraron “levantones” de candidatos, a la usanza del crimen organizado. “La ‘colombianización’ me parece que es un término que no cabe en este momento en las elecciones en los 14 estados. Probablemente lo que hay es algunas regiones del país que están sumidas en incomunicación, en pobreza, en problemas de delito organizado y en donde sí hay dificultades y sí hay cooptación de candidatos y de ciudadanos”, afirmó el priista Patricio Martínez. Agregó que los posibles brotes de violencia se encuentran focalizados en las zonas serranas del país, aunque no pudo explicar cuáles eran esos sitios. “Respecto de los puntos serranos, no los tengo porque es en Santa María de Arriba o San José de abajo, pequeños municipios, todos aislados y no es general”, indicó el Senador Patricio Martínez. POLEMIZAN POR PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO El Senador jalisciense, Patricio Martínez, consideró innecesaria la participación del Ejército en labores de seguridad pública en los 14 estados del país, como lo solicitaran esta misma semana los líderes partidistas del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano. “Me parece que la participación del Ejército es no. Las elecciones están ciudadanizadas, ni el Ejército ni la policía, ni ninguna fuerza pública debe intervenir en unos procesos que son ciudadanos”, argumentó el Senador por el partido tricolor. Agregó que si hay lugares en el país donde está comprometida la seguridad de los candidatos, es porque en estos “puntos específicos” la seguridad pública es precaria. Nuevamente con una postura diferente, el panista José María Martínez, indicó que la violencia está tan generalizada, que reiteró el llamado para que el ejército, en colaboración con las policías estatales y municipales, resguarden la seguridad de los ciudadanos, principalmente de los candidatos, mientras se realizan los comicios. Con el doble propósito, de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de fortalecer la confianza de los electores para presentarse ante las urnas para emitir su voto. “La exigencia fundamental de que se resguarde la seguridad de los ciudadanos, principalmente, de los candidatos en este proceso electoral debe aceptarse, no sé si a través del Ejército, no sé si con reforzar a las policías estatales y municipales. El problema es que hay desconfianza en estas últimas con motivo de su involucramiento con algunos delincuentes”, sostuvo el legislador albiazul. En lo único que coincidieron los legisladores fue en aclarar que la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales no tuvo conocimiento de algún candidato que haya sido amenazado o intimidado por parte del crimen organizado. Difieren sobre Institutos Electorales Estatales. En otro punto en el que no coincidieron los Senadores José María Martínez y Patricio Martínez fue en la intromisión de los Gobernadores en los procesos electorales. El panista alertó sobre la cooptación de los gobiernos estatales en las determinaciones de la autoridad electoral local. “Lo constatamos en el estado de Veracruz, pero no sólo en la intervención del gobierno estatal sino también en la percepción de la sociedad. Yo he sostenido que ahí sí deberíamos tener una coordinación entre los ciudadanos, el Senado de la República y la propia autoridad federal más eficiente para no permitir las injerencias indebidas de los gobiernos”, señaló el Senador José María Martínez. Por el contrario, el priista minimizó el hecho, al decir que las condiciones electorales en los estados, en lo general, son razonables y recalcó que los servidores públicos, también son integrantes de un partido político, por lo que no es de extrañar que defiendan su ideología. “La participación de los gobernadores de los estados se da sin duda porque son miembros de un partido. Lo que no es deseable es que se dé la participación de promoción del voto directamente por ellos, haciendo con interactividad propia de su encargo, una cancelación de la libertad del ciudadano para votar”, indicó el priista Patricio Martínez. Nuevamente en contra, el Senador albiazul confirmó que de los institutos electorales locales visitados, en muy pocos hubo voluntad para atender las denuncias que presentaron los integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales. “Encontramos alguna poca disposición o poca anuencia por ejemplo en el instituto de Aguascalientes, para poder estar participando de manera más activa en el proceso. Es fecha que ni siquiera se pronuncia el Instituto de Aguascalientes, bajo ningún sentido, ni para bien ni para mal”, apuntó. Desde el otro lado del puente, el priista Patricio Martínez sostuvo que la participación ciudadana ha impedido que la intromisión en los órganos electorales locales se convierta en un fenómeno generalizado. “Me parece que la presencia de los medios, de las redes sociales y la instantaneidad con la que se reporta cualquier hecho delictivo electoral va haciendo que se reduzca la incidencia de estas prácticas que en el pasado se señalaba que eran muy comunes y que en la actualidad veo que van en franco descenso, no veo que haya una condición de injerencia indebida”, recalcó. Las conclusiones finales del informe de las actividades de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales, serán entregadas al Senado de la República, junto con una serie de recomendaciones que se incluirán en las futuras reformas en materia electoral y de régimen político que se están analizando en comisiones.