Durante el sexenio de Calderón las herramientas judiciales se usaron con fines políticos. Las pruebas hablan: a la PGR y a la SSP se les derrumbaron casos que habían presumido como triunfos de sus administraciones. Pese a las decenas de vidas arruinadas, a las flagrantes violaciones al debido proceso y a la incompetencia decenas de veces corroborada, no hay sentenciados por el montaje de Florence Cassez, el michoacanazo o las detenciones de Noé Ramírez y Tomás Ángeles, entre otros.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El sistema de justicia penal mostró su peor rostro en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Aún no concluía su administración cuando los casos que tanto había presumido el panista comenzaron a desplomarse por falta de solidez jurídica y por violaciones al debido proceso.
En cinco años de calderonismo, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que desistirse en más de medio centenar de denuncias por expedientes mal integrados y otras anomalías, así como por el abuso de testigos protegidos, fabricación de culpables, manipulación de casos por parte de funcionarios de primer nivel y abuso de la prisión preventiva.
La autoridad también trompicó por violaciones al principio de tipicidad por parte del Ministerio Público (acusaciones que no correspondían con el delito realmente indagado), falta del conocimiento directo de los casos por parte de los jueces, manipulación de los casos por parte de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y de Marisela Morales Ibáñez, la última procuradora de Calderón.
Acciones emblemáticas del mandatario panista se derrumbaron una tras otra, bien durante su sexenio, bien durante el actual. Como ejemplos están la Operación Limpieza; el encarcelamiento de Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO); la Operación Cancún; el michoacanazo; la desarticulación de la banda de secuestradores Los Zodiacos (a la que supuestamente pertenecía la francesa Florence Cassez), y los procesos contra militares de alto rango como el general Tomás Ángeles Dauahare –detenido por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Casos como el de Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal; el de Griselda López Pérez, expareja de Joaquín Guzmán Loera –líder del Cártel de Sinaloa–; y el del exalcalde tijuanense Jorge Hank Rhon evidenciaron también las fallas sistémicas en la impartición de justicia durante el gobierno calderonista.
