Si discriminas, puedes ir a la cárcel. Así de fácil. En la ciudad de México la discriminación se considera un delito y aún así, abusos laborales como el despido injustificado por estar embarazada siguen ocurriendo en el Distrito Federal.
Esta problemática ha cobrado fuerza después de que Nora Beltrán, quien laboraba para una filial de la empresa del restaurante Fishers, denunciara a través de las redes sociales su despido por esa razón.
Jacqueline L’Hoist, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) explicó a Animal Político que situaciones que parecían superadas en la ciudad de México, aún siguen siendo un problema.
“Nosotros ya tomamos su caso, ya está en COPRED. En el DF la discriminación es un delito, no sólo por la cuestión del hostigamiento laboral”, explicó la presidenta del Consejo.
Embarazarse en la ciudad de México, aún puede ser un tabú para las empresas que contratan. Y sobre todo cuando se debe otorgar seguridad social. Y eso también se llama discriminación, explicó Jacqueline L’Hoist.
El Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 206, prevé como delito el que una persona sea discriminada con motivo de la edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, o cualquier otra característica.
Se sanciona la discriminación con penas de entre uno y tres años de prisión, aunque Jacqueline L’Hoist explicó que hasta ahora no ha llegado a tal grado ninguna denuncia, pues terminan conciliándose u otorgándose la restitución del daño.
Nora Beltrán, quien fuera despedida de manera injustificada por la filial del restaurante Fishers, “Big Bar”, explica en entrevista que otras mujeres han sido despedidas de igual forma por estar embarazadas. En esa empresa, dijo, al menos han sido dos en los últimos meses.
“El problema es que no se atreven a denunciar. Todo esto pasa y sigue pasando porque se quedan calladas. A lo mejor de cien, yo soy la que hablo. Yo no voy a hablar por todas. Tienen que atreverse a hablar. Por miedo quizás no hablen, puede ser porque los otros tienen dinero o piensan que les pueden hacer algo. Pero es demasiado obvio. Si me llega a pasar algo es porque ellos lo están mandando a hacer. O piensan que por economía, porque les saldrá caro el abogado o porque las amedrentan, o porque les da pena”, explicó.
En COPRED nos enteramos a través de las redes sociales de este caso. Inmediatamente se toma y nos empezamos a tratar de conectar con ella. La semana pasada se reúne con la Procuraduría del Trabajo donde era importante tener la queja. Empezamos a identificar que más allá de que la despidieran, sí había un hostigamiento laboral importante”, explicó Jacqueline L’Hoist.
En menos de dos semanas ocurrieron ya dos reuniones de conciliación, pero la representante del grupo Fishers aseguró que no quiere conciliar nada y que sólo quieren pagarle el finiquito que le corresponde.
“Este tipo de casos me preocupan mucho porque ya tenemos nueve. De particulares. Cuando empiezas a ver este tipo de conductas, son muchas personas. 200 personas han venido al Consejo y llevamos 9 casos por embarazo. Por un lado la ley en el Distrito Federal es muy buena. La protección a mujeres es altísima. Pero por otro lado vemos que la ciudadanía sigue teniendo conductas discriminatorias. Y nos siguen mirando a las mujeres inmediatamente como personas con discapacidad al estar embarazadas”, explicó la presidenta de COPRED.
“Pareciera un tema superado, en el imaginario pensábamos que ya estaba superado el caso. Pero no. Ya son nueve personas que por una u otra causa las discriminan por estar embarazadas. No a la renovación de contrato, despido injustificado, la misma historia que conocemos de años. No se ha modificado en nada. Los contratos son por tres meses, ya no te lo renuevan entonces, son por equis número de años o cierran las plazas. Pero lo primero es forzarlas a que renuncien. Es una historia con diferentes matices, pero es la misma. No se ha visibilizado más que por redes sociales, pero ha visibilizado a muchas mujeres”.
COPRED atenderá de manera individual cada caso pero Jacqueline L’Hoist acepta que esto no modifica la conducta que se está observando, sólo repara el daño hecho a la víctima.
“Parece que muchas mujeres no quieren poner la queja por miedo a que las corran. Pero al final las corren. Ellas por no pelearse con el jefe, aguantan. Pero terminan corriéndolas. Por esta visión de discapacidad, donde nos colocan a las mujeres embarazadas. Como que se olvida que es parte del proceso de la vida”, explicó.
“En este caso vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Así sea emitir una opinión jurídica. Ya firmamos convenio con la Procuraduría del Trabajo del DF para evitar estas conductas discriminatorias y para capacitar. Violaciones al trabajo ya llevamos 40 recibidas. Principalmente varones”, concluyó Jacqueline L’Hoist.
Tienen más casos
Nora Beltrán, quien empezó a laborar para la empresa desde el 7 de septiembre de 2011, a 11 semanas de que nazca su bebé asegura que no es la primera a la que le han querido despedir de manera injustificada en la empresa Big Bar.
“Ya han despedido a dos embarazadas, ya tienen más casos y en el mío, me estuvieron acosando bajándome primero el sueldo, quitándome propinas, mandándome a trabajar en horarios de 9 de la noche a 2 de la mañana, enviándome lejos a trabajar”.
Apenas ayer martes 18, Nora Beltrán tuvo su segunda cita a conciliación con los representantes de la empresa pero éstos insisten en pagarle sólo 24 mil pesos por sus casi dos años de trabajo.
“Además tienen pendientes dos semanas de trabajo las cuales no me han pagado. Porque no les acepté la miseria de 24 mil pesos ni tampoco permití que me acusaran de abandono de trabajo”, explicó.
Por el estrés ocasionado por esta situación, Nora dice que tiene amenaza de parto prematuro, que ha tenido contracciones y que en general desde que inició el año hasta la fecha ha sido una batalla en contra de la empresa que no le quiere pagar nada a pesar de que la ley los obliga.
“Hoy (ayer) en la conciliación fue una persona que representa a Impulsora Laboral SA de CV (la empresa outsorcing que le pagaba a Nora Beltrán) y no llegó con ninguna propuesta diferente. Quisieron insistir en darme los 24 mil pesos. Las instancias del Distrito Federal están muy pendientes del caso. Las autoridades le dijeron a la abogada que no podían permitir ese pago porque yo tenía que estar protegida y que al menos me tenían que pagar los 84 días de incapacidad porque no era mi intención renunciar y en el momento en que ellos me pagaran la liquidación iba a perder mis prestaciones. Ellos están renuentes, diciendo que me pagaban el mínimo, no quieren aceptar la cantidad real que me pagaban”, explicó.
“Quieren pisotearme, quieren que yo acepte su miseria y ellos salir bien librados. Dijeron que no iban a cambiar su posición”.
“Ellos me proponen regresar a trabajar pero cómo quieren que yo regrese a trabajar si no hay las condiciones”, dijo.
Nora Beltrán concluye: “Mi familia respeta lo que yo peleo porque no es que no sea justo. Yo sólo estoy pidiendo lo que me corresponde por ley y ni siquiera me quieren dar lo que me corresponde por derecho”.
El ABC de la denuncia
- COPRED no puede trabajar por oficio. Debe interponerse una denuncia.
- Se puede presentar la queja por internet, por teléfono o incluso, con personas que tengan alguna discapacidad o problemas de salud, COPRED puede ir a su domicilio y tomar la denuncia.
- Una vez identificada la conducta discriminatoria, si existe, se busca la conciliación, porque se pide la reparación del daño.
- Se presenta una denuncia, de qué trata y se invita a una reunión de conciliación de ambas partes, para buscar un acuerdo.
- Hasta marzo COPRED tenía registrados 90 casos de discriminación en lo que va del año.
- COPRED emite una opinión jurídica, la cual es similar a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, pero como la discriminación es penalizada, el Consejo acompaña a la víctima en el proceso administrativo.
- Se acompaña al Ministerio Público para interponer la denuncia y se le sigue en todo el proceso.
