La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) empieza su nueva era -la del PRI- con un tinte que la hace más un foro en el que se respalda todo lo que el Ejecutivo propone, en lugar de ser un espacio para los contrapesos
La noche del 27 de febrero, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, permaneció reunido durante dos horas con los gobernadores de 16 estados del país y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos. Habían transcurrido dos días desde que, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo había presentado la Reforma Educativa. De la detención de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, se cumplían 24 horas. Fue una cena de amigos, de apretones de mano, de palmadas. Nadie contradijo a Enrique Peña Nieto. Atrás, muy atrás, habían quedado los típicos desencuentros entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la figura presidencial, cuando la encarnó Vicente Fox Quesada. De esa noche, el comunicado de la Presidencia indicó que la Conago respaldaba la detención de la ex dirigente magisterial, así como la Reforma Educativa, la cual implica regresarle al Estado una rectoría arrebatada por el SNTE y reducir la injerencia de los gobiernos locales. A su salida de Los Pinos, los gobernadores se negaron a revelar detalles sobre la reunión y se fueron, a bordo de camionetas con placas de sus estados. Hubo un desfile de sonrisas y despedidas. Enseguida, Enrique Peña Nieto apareció en cadena nacional y, sin mencionarla por su nombre, expuso por qué Gordillo había sido aprehendida. Con una posición acrítica y por completo del lado del Presidente, la Conago aquella noche, dejó clara su conversión en el tablero político: de pieza amenazante a alfil del Ejecutivo. **** Surgida hace poco más de una década para equilibrar el poder entre la Presidencia de la República y los gobiernos estatales, la Conago está a las puertas de una nueva era y se muestra en sintonía con las propuestas del Presidente, Enrique Peña Nieto. Desde su formación, se instaló en el terreno de la controversia. El Artículo 117 de la Constitución indica a la letra que los estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras, lo cual, fue la crítica principal de algunos observadores. No obstante su formato, la Conferencia sobrevivió a los dos gobiernos panistas. Fue una relación plagada de críticas y desencuentros, de señalamientos de no lograr la salud del federalismo; más de tensión que de coincidencia. Ahora, ha inaugurado un tono que en seis meses de gobierno jamás ha tocado a la figura de Enrique Peña Nieto, emanado del PRI, como 21 de los 32 mandatarios que la integran. José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice que, hoy por hoy, “la Conago no representa un contrapeso real. Es un foro de negociación con el gobierno, en el que se pueden conocer puntos de vista, así como establecer acuerdos. Su característica es que los gobernadores están alineados al Presidente”. Nicolás Loza, quien fuera coordinador de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), hace una prospectiva: sin representar un desafío, el papel de la Conago será la negociación, hebrar fino para lograr muchas de las medidas que, si tienden a perjudicar a los estados, sea con los daños mínimos. Es la forma en que el PRI ha hecho política desde siempre”. EL APOYO A PEÑA NIETO La 44 convención ordinaria efectuada en Chihuahua en febrero pasado es un emblema de la nueva relación con el Presidente. Los gobernadores no presentaron propuestas; en cambio, apoyaron las acciones que estaba por emprender el mandato federal. En la declaratoria, emanada de esa sesión, quedó asentado el respaldo de los mandatarios estatales a los cinco acuerdos del Pacto por México, la estrategia de seguridad (el mando único de policías y el país dividido en regiones) para el combate a la delincuencia organizada; la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Reforma Educativa. El apoyo a la estrategia de seguridad es de lo más nítido. “Respecto del acuerdo sobre seguridad y justicia, la Conago subraya la coincidencia con el Presidente de la República en el sentido de asumir con firmeza que la violencia no puede ser abatida sólo con la fuerza de las armas y las policías”, se lee en el artículo 9 del documento. En la misma declaratoria, los gobernadores añaden que manifiestan su adición al Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria, al cual reconocen como una estrategia encaminada a lograr oportunidades educativas, laborales y de desarrollo social, que le quitarán el impulso a las estructuras criminales. En cuanto a la Cruzada Nacional contra el Hambre tampoco hubo contraposiciones. Ningún gobernador reclamó la exclusión de municipios señalados por el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval) con miseria extrema del padrón de este programa, el estelar de la Secretaría de Desarrollo Social. Tampoco que, una vez descubierto su mal uso en Veracruz, haya sido blindado bajo la condición de los partidos opositores para permanecer en el Pacto por México. “Los gobernadores priistas fueron disciplinados”, resume Nicolás Loza. “Actuaron en contra de su interés inmediato, que era estar con las manos libres para operar como saben hacerlo en las elecciones estatales. Lo hicieron porque ese era el interés presidencial, que pasaba por preservar el Pacto por México”. Como signo de la buena relación entre la Conago y Peña Nieto, el Gobernador de Chihuaha, César Duarte, hizo algo no escrito en la historia del organismo: en esa sesión, le entregó un reconocimiento al Presidente como ex miembro y le brindó estas palabras: “Su participación fue signo inequívoco de su compromiso con el federalismo mexicano y un claro respeto al papel que juegan las entidades federativas en el fortalecimiento de nuestra nación”.
SOBRE LA DEUDA, ¿TAMPOCO HAY DESENCUENTRO? Hasta 2012, la deuda de los estados y municipios fue de 434 mil 761 millones de pesos, lo que representó el 59 por ciento de los ingresos de las entidades, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Pero la proporción se disparó en algunas entidades como Coahuila donde esa cifra fue de 300 por ciento; luego estaba el caso de Quintana Roo, con 176 por ciento; le siguió Nuevo León, con 150 y Chihuahua, con una cifra apenas superior al 100. En este panorama, en el que algunas entidades deben más que otras, apoyar una reforma que limita la contratación de deuda parecería una contradicción. Pero los gobernadores apoyaron las iniciativas de reforma para limitar la contratación de deuda por parte del gobierno federal, presentadas en marzo pasado. La Conago envió a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado su posicionamiento en el que reconocía la necesidad de reformar la Constitución. En un documento, pidió expedir leyes en materia de deuda pública subnacional que fijaran los principios rectores para el manejo responsable de las haciendas públicas en toda la República, con armonía de criterios. Un mes después, el Senado aprobó la reforma a los artículos 73, 79, 117 y tres transitorios para regular y transparentar las deudas de estados y municipios. -¿Por qué apoyaron los gobernadores los límites a la capacidad de deuda? El investigador de la Flacso, Nicolás Loza, responde: “Se había convertido en un dilema. (Los gobernadores pensaban), yo no me endeudo, pero mi vecino sí. O yo quiero ser disciplinado pero el anterior no lo fue y se endeudó. Siempre estaba el dilema: yo soy disciplinado y entonces gasto menos, y tengo un electorado menos satisfecho, o gasto más a costa de mi disciplina financiera, de mi futuro, del equilibrio de mi administración, pero tengo un electorado satisfecho porque estoy gastando”. Para dirimir tal dilema, Loza piensa que las reglas únicas para todos resultan saludables, porque al final, para el experto en Administración Pública, “las coincidencias que hemos visto entre Peña Nieto y la Conago tienen más relación con la naturaleza de los temas que con la semejanza en la identidad partidista. Y la deuda, es ejemplo de ello”. TRANSPARENCIA: UN PILAR ENDEBLE Como en un juego de paradojas, los gobernadores del país respaldaron también –en la declaratoria de su 44 convención- la política de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de Enrique Peña Nieto. Pero esa es una de las ausencias más señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento rector del gobierno federal, que sólo le dedica tres párrafos. El 3 de junio pasado, un grupo de organizaciones civiles, académicos, periodistas, funcionarios públicos y ciudadanos le dirigieron una carta al Presidente en la que exigieron una estrategia, “con objetivos y líneas de acción específicos”. La brevedad de la exposición presidencial no ocasionó la menor inquietud en la Conago, cuando uno de sus fundamentos es justo la Transparencia. En la Declaración de Cuatro Ciénegas, firmada el 20 de agosto de 2003, ante el ex Presidente Vicente Fox, los gobernadores suscribieron: “Ratificamos nuestra voluntad de construir, mediante amplios consensos, y con pleno respeto a las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo federal y del constituyente permanente, una renovación del sistema federal mexicano, para que sea cooperativo, gradual, diferenciado y participativo, sustentado en los principios de equidad, corresponsabilidad, solidaridad, subsidiariedad, participación ciudadana y claridad en la rendición de cuentas, como pilares de las acciones de autoridad y de la definición de políticas de gobierno, públicas y de Estado”. LOS MOMENTOS DE TENSIÓN En octubre de 1999, por iniciativa de los gobiernos perredistas de Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Baja California Sur y el Distrito Federal, se creó la Asociación Nacional de Gobernadores. Querían avivar el federalismo e impulsar el desarrollo regional. Con el triunfo de Vicente Fox, del PAN, en las elecciones del 2000, los gobernadores priistas se sumaron a esa iniciativa. Fox no cumplió la promesa de campaña de “un auténtico federalismo” y por el contrario, concentró el manejo de los recursos federales. Los gobernadores de la época aspiraban a un pacto nacional para hacer contrapeso al presidencialismo. Y a Fox. Así se conformó la Conago en agosto de 2001. En noviembre de ese año, el Gobernador Patricio Martínez, resumió las razones para conformar un frente contra Los Pinos: “Hay una injusticia fiscal, porque quienes dan obras y servicios como son estados y municipios… tienen que pagar impuestos al gobierno federal lo cual es una incongruencia, cuando hay tantas limitaciones en los ingresos de los mismos estados y municipios”. Habían pasado tres meses de su creación y la Conago sufrió la primera ruptura. Sus integrantes replantearon sus objetivos en el escenario político y su relación con el entonces Presidente. Mientras que para unos había sido una instancia para equilibrar al poder del Ejecutivo Federal; para otros, empezaba a convertirse en un grupo de choque. Los gobernadores del PRI condicionaron el regreso a la Conago a que los interlocutores no fueran los entonces secretarios de Gobernación y Hacienda, Santiago Creel y Francisco Gil. En la tercera reunión ordinaria, en Chihuahua, a la que asistieron 17 gobernadores, predominaron los debates sobre el incumplimiento por parte del Presidente. La relación se tensó porque 22 gobernadores de oposición se resistían a discutir temas fiscales con el primer mandatario en protesta por un recorte de 40 mil millones de pesos. Para el 2003, la Conago había presentado su proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. En ese momento, había una insurrección de casi todos los mandatarios estatales contra Hacienda y una relación ríspida con el Presidente. Ahora que la Conago apoya la iniciativa presidencial, Nicolás Loza, de la Flacso, recuerda aquel pasaje: “Es cierto que con Fox se señaló el endeudamiento y los gobernadores del PRI fueron indiferentes a procesar un límite a estas prácticas, pero la propuesta de la Federación no era clara, como sí ocurre ahora, con Peña Nieto”. Durante sus primeros dos años, la Conago efectuó 21 reuniones, casi una por mes. En todas, se rompió con Vicente Fox. Después, los encuentros se volvieron esporádicos. Durante el calderonismo, los gobernadores mantuvieron vivo al organismo, pero las reuniones no aterrizaron en respaldo. En 2008, en la 34 Reunión Plenaria efectuada en Cancún, la Conago le reclamó a Felipe Calderón la centralización de los programas federales. El entonces Gobernador de Quintana Roo, Jorge Carlos Hurtado, le dijo: “Advertimos con preocupación el retorno de prácticas con visión centralista que están revirtiendo los acuerdos alcanzados en visión de programas que las entidades federativas por parte de instancias del Ejecutivo federal”. En la distante relación, hubo una excepción: los operativos Conago uno y dos, en materia de seguridad, que durante 2011, consistieron en la revisión de personas, vehículos y transporte público en puntos tácticos en varias entidades. Desde el punto de vista de Nicolás Loza, con Calderón el tema en que la Conago se mantuvo acrítica fue la presencia del Ejército en los estados. “Ello no generó ninguna controversia ni ninguna oposición de los gobernadores. Tenían alta demanda de seguridad, cuerpos policiacos ineficientes y pocos recursos. Entonces, se alinearon con el gobierno federal. Fue una manera de proporcionar seguridad sin costos para sus propias finanzas”. Las cosas han cambiado. No hay una sola propuesta del Ejecutivo que no haya encontrado apoyo de esta Conferencia. Y ello, quedó muy claro en la sesión pública de su 44 reunión ordinaria, donde la Conago anunció ‘‘apoyo total y decidido” a la Presidencia de la República, encarnada por Enrique Peña Nieto.
