PRD Y PAN exigen renuncia de Delegados Federales priístas de la SEDESOL en los 14 Estados en donde habrá comicios
El Secretario de Finanzas de Veracruz, Salvador Manzur, dejó hoy el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, luego de que fuera señalado por los partidos de oposición, junto con el mismo mandatario y la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, como parte de una red de desvío de recursos federales para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Gobierno de Duarte dio a conocer que tomó esta decisión para “evitar cualquier suspicacia en torno del comportamiento político de su gestión en el debate generado por algunos partidos políticos por el uso de programas sociales”.
Y en conferencia de prensa, el mismo Gobernador dijo existe una investigación en curso “que debe desarrollarse con plena libertad y a fondo para deslindar responsabilidades”.
Por eso, señaló, fue que se relevó de su cargo a Manzur.
“Sé que actúan y han actuado con apego a derecho, pero es importante que eso quede comprobado por las investigaciones en curso para evitar suspicacias y quitar pretextos”, dijo en el comunicado.
El subsecretario de Egresos, Carlos Aguirre Morales, asumió la Secretaría.
El pasado 17 de abril, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer una red para utilizar los recursos de Sedesol a favor del PRI de Veracruz. En la red participaban funcionarios de la Administración del Gobernador de Veracruz y funcionarios de Desarrollo Social.
Los videos y audios del PAN revelaban una estructura para, con dinero del gobierno federal, promover el voto a favor del PRI en Veracruz.
Ante los señalamientos directos, Manzur Díaz dijo que era una “guerra sucia” y se presentó este día ante las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar que él sea investigado por los señalamientos que lo involucran como un operador electoral del PRI en esa entidad.
TORMENTA POLÍTICA
Enrique Peña Nieto, Presidente de México, respondió con un “No te preocupes, Rosario [Robles]”, generando una tormenta política.
Esa frase, como ninguna otra expresada por el Presidente, provocó el despertar de las fuerzas de derecha e izquierda en el Congreso de la Unión para conformar, ahora sí, una verdadera oposición. Oposición, como no se había visto en lo que va del sexenio.
El PAN en la Cámara de Diputados advirtió al PRI que no tolerará, ni permitirá, ninguna reforma más, que atente contra la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad electoral. “Mi grupo parlamentario no solapará una simulación más por parte del PRI, no apoyaremos ninguna propuesta legislativa que signifique un retroceso en las luchas ganadas por los ciudadanos”, sostuvo de manera enfática el líder de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal.
El 1 de mayo, los dirigentes nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), y de Acción Nacional (PAN), Jesús Zambrano Grijalva y Gustavo Madero Muñoz, pidieron al Gobierno federal establecer las condiciones que aseguren el cumplimiento de la ley, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia, en referencia a los señalamientos que involucran a la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, en el desvío de recursos federales con fines electorales.
Ratificaron su exigencia de que 57 funcionarios de Veracruz sean cesados por uso ilegal de dinero de Sedesol, o de otra manera abandonarían el Pacto por México.
En un comunicado conjunto, dijeron que comparten “la convicción de que el Pacto por México es un instrumento útil y de que, en las actuales circunstancias, la responsabilidad de que se conserve y fortalezca depende del Gobierno Federal. Pero exigieron al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto “que se cumplan los compromisos expuestos en los comunicados y declaraciones difundidos en días recientes, para que pueden ser hechos visibles y verificables”.
Aseguraron que vigilarán las denuncias penales que fueron presentadas contra funcionarios públicos, además de que piden que las demandas de juicio político sean atendidas conforme a derecho.
Un día antes, Peña Nieto reiteró su promesa de investigar y sancionar a quienes pretendan usar los programas sociales con fines electorales.
El 30 de abril, después de críticas leves y espaldarazos al Pacto por México, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió unirse al PAN.
“El Pacto por México está en un impasse y en espera de que el gobierno federal ejerza acciones en contra de los 57 funcionarios involucrados en el caso de desvío de recursos de Veracruz”, dijo.
Zambrano –quien defendió al Pacto y que siguió con las reuniones de la agenda sin Gustavo Madero, presidente del PAN– dijo que se reuniría con Acción Nacional para proponerle ir juntos a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PRG) a interponer una denuncia en contra de Robles Berlanga y Javier Duarte.
“La denuncia será contra el gobernador y demás funcionarios que se vieron directamente involucrados en los hechos de Veracruz. Esperamos que haya una reacción inmediata. Se puede decir que estamos en un impasse de los trabajos relacionados con el Pacto y que esperaremos respuesta”, dijo.
El líder perredista exigió “hechos, no palabras” al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y pidió la renuncia de los delegados que la Sedesol designó en los estados y que tienen pasado como operadores electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputados y ex funcionarios del tricolor.
Del total de los 14 estados donde habrá comicios, la Sedesol nombró como delegados a ex legisladores, operadores electorales y ex funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 12 entidades: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Quintana Roo, Zacatecas, Veracruz, Puebla y Tamaulipas.
“El gobierno de Peña nieto debe dar señales claras de su disposición a no usar los recursos públicos y los programas sociales para beneficiar a su partido. Debe demostrarlo con hechos. La renuncia de la titular de Sedesol y la licencia de Javier Duarte darían verdadera credibilidad a los discursos del gobierno de Peña Nieto”, dice un resolutivo de la Comisión Política del Sol Azteca.
