El legado del gobierno calderonista en materia de educación es, por donde se le vea, desolador. Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la calidad educativa que se imparte actualmente tiene al país en los últimos lugares entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, la oferta de profesionistas que logran concluir una carrera no corresponde con la demanda de trabajo y la ciencia y la tecnología se distingue por su bajo nivel de inversión.
En el eje número tres “México con educación de calidad” del PND se aportan más datos:
“A falta de capital humano más desarrollado, históricamente la competitividad ha estado basada en proveer una mano de obra de costo accesible”.
Ello explica por qué la base exportadora mexicana se vio afectada con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2001, que compitió con bajos costos laborales, señala el documento. Y pese a que México ha recuperado competitividad en ese rubro, la meta que se ha propuesto alcanzar en el mediano plazo el actual gobierno es que la competitividad de la mano de obra esté basada preponderantemente en su calidad.
“Los países que logran un apropiación social del conocimiento, aceleran el crecimiento económico en forma sostenida e incrementan la calidad de vida de su población. Es fundamental que México sea un país que provea una educación de calidad para que potencie el desarrollo de las capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal la de los otros”, señala el documento.
La tarea no será fácil.
El PND señala que la calidad de la educación básica sigue siendo “un reto mayor”.
De acuerdo con la más reciente Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) del año 2009, México se ubicó en el lugar 48 de los 65 países participantes y en el último de los entonces países miembros de la OCDE.
Actualmente, el Sistema Educativo Nacional atiende 35.2 millones de niños y jóvenes en la modalidad escolarizada.
De éstos, 25.9 millones –el 73.4%– cursan educación básica: 4.8 millones preescolar, 14.8 millones primaria y 6.3 millones secundaria. Ese universo es atendido por 1.2 millones de maestros en casi 228 mil escuelas de todo el país.
En términos de eficiencia el nivel es bajo y conforme avanza el nivel educativo, disminuye el número de educandos. Por cada 100 niños que ingresan a primaria sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma. Esta situación, señala el PND, ha limitado la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior que la ley establece como obligatoria. A la fecha, la cobertura es de 66.3%.
Los planteles de educación media superior atienden a 4.4 millones de jóvenes –el 91.3% a los bachilleratos y el 8.7% a educación profesional técnica—y del total 85.9 de cada 100 egresados se inscriben en alguna institución de educación superior.
Ese nivel de educación atiende actualmente a 3.3 millones de alumnos, lo que representa una cobertura de apenas 29.2%.
“Para mejorar la calidad de la educación se requiere transitar hacia un sistema de profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización”, sugiere el PND.
La vía para lograrlo, señala, es fortalecer los procesos de formación inicial y selección de los docentes, así como fortalecer la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de escuelas.
Además del estancamiento en el sistema de educación básica, media y superior, el actual gobierno tendrá que combatir el rezago educativo en la población adulta.
De acuerdo con el PND, hay alrededor de 32.3 millones de adultos que no han completado su educación básica, lo que equivale al 38.5% de la población mayor de 15 años. La cifra incluye los poco más de 5.1 millones de personas analfabetas, cuya condición limita su integración al mercado laboral.
Además, el gobierno estima que hay alrededor de 15 millones de personas mayores de 18 años que no han completado el bachillerato, requisito para acceder a mejores oportunidades de empleo.
Y mientras el problema del rezago educativo no se resuelve, el PND advierte que las habilidades que se requieren para tener éxito en el mercado laboral, han cambiado por la abundancia de información de fácil acceso que existe, en parte gracias al internet, lo que hace necesario “que los ciudadanos estén en condiciones de manejar e interpretar esa información”.
La juventud en específico, señala el documento, tendrá que responder a un nuevo ambiente laboral “donde las oportunidades de trabajo no solo se buscan, sino en ocasiones se tienen que inventar ante las cambiantes circunstancias de los mercados laborales y la rápida transformación económica”.
Ante ese panorama, el PND señala que es fundamental fortalecer la vinculación entre educación, transformación y el sector productivo.
De igual forma, añade, es necesario fomentar mecanismos que permitan certificar que las personas que cuentan con experiencia laboral, pero no estudios formales, puedan acreditar sus conocimientos y habilidades mediante un documento oficial.
Otro reto planteado por el gobierno de Peña Nieto es eliminar el desequilibrio entre la demanda de los jóvenes por ciertas carreras y las necesidades del sector productivo.
Entre las carreras con mayor número de profesionales ocupados como Ciencias Administrativas, Contaduría y Derecho, el nivel de ocupación es muy bajo. El 49.6% de egresados de la primera, el 67.7% de la segunda y el 68% de la tercera no realiza labores afines a sus estudios.
Ese desequilibrio se refleja en sus remuneraciones ya que, en promedio, los egresados de ingeniería ganan 13% más que sus pares de las carreras mencionadas.
Más preocupación genera los llamados “ninis”, jóvenes que ni estudian, ni trabajan, lo que genera “un alto costo económico, social y humano”, ya que se desaprovecha el recurso más importante que tiene México: la juventud.
En este sentido, el PND “reconoce que la vinculación de la educación con el mercado laboral debe atender esta realidad como una de sus estrategias más apremiantes”.
Además de la baja cobertura educativa, otro problema que enfrenta México es el escaso nivel de inversión en ciencia y tecnología, lo que se ve reflejado en que sólo 7.6% de las patentes gestionadas en el país son solicitadas por mexicanos. En Estados Unidos la proporción es de 50%.
Ese nivel ubica a México en la posición 72 de 145 países en el Índice de la Economía del Conocimiento del Banco Mundial “y dan cuenta clara de los grandes retos que se deben de enfrentar para transitar hacia una economía que pueda basar su crecimiento en el conocimiento y la innovación”, reconoce el PND.
En contraste con la “importante” participación económica que tiene México el mundo, persiste un rezago en el mercado laboral de conocimiento.
Actualmente, la contribución del país a la producción mundial de conocimiento no alcanza el 1% del total, señala el programa.
Para el gobierno de Peña Nieto el posgrado representa “el nivel cumbre” del sistema educativo y constituye “la vía principal” para la formación de profesionistas altamente especializados que requieren las industrias, empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el servicio público”, entre otros.
Para detonar el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, es conveniente que la inversión en investigación científica y desarrollo experimental sea superior o igual al 1% del PIB. En México esa cifra apenas alcanzó el 0.5% del PIB en 2012, el nivel más bajo entre los miembros de la OCDE, e incluso fue menor al promedio latinoamericano.
Lo peor, según el PND, es que no hay vinculación entre los actores relacionados con la ciencia y la tecnología y las actividades del sector empresarial.
Históricamente, señala el programa, el sector empresarial ha contribuido poco a la inversión en investigación y desarrollo, cuando en otros países miembros de la OCDE esa aportación es de más del 50%. Ello se debe según el gobierno de Peña Nieto a la desvinculación de los empresarios con los grupos y centros de investigación científica y tecnológica pero también a la falta de más centros de investigación privados.
Elevar la calidad de la educación, la apuesta
Ante el panorama adverso planteado, el gobierno de Peña Nieto apuesta a “la educación de calidad” como base para “garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida” y contribuir al desarrollo nacional.
En ese sentido, el programa refiere que la Reforma Educativa, aprobada por el Congreso de la Unión, “es un paso decidido para desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad a través de tres ejes.
Con el primero se buscará que los alumnos sean educados por los mejores maestros. “Con el nuevo Servicio Profesional Docente, ahora el mérito es la única forma de ingresar u ascender en el servicio educativo del país”, sostiene el PND.
El segundo eje establece que la evaluación sea un instrumento para elevar la calidad de la enseñanza y el tercero fomentará que la educación se convierta en una responsabilidad compartida entre directivos, maestros, alumnos y padres de familia a fin de que tomen decisiones conjuntas para mejorar el proceso educativo en cada plantel del país.
Sin embargo, la organización civil Suma por la educación, considera que el PND no define qué es la educación de calidad y por tanto, es imposible establecer una meta que se desconoce o bien, no se define.
En un comunicado, la red de organizaciones que busca promover la participación social para mejorar la calidad educativa y la formación integral de las personas, afirma que los objetivos del PND en materia educativa son “dispersos” igual que las estrategias porque “no responden al fin para el que fueron establecidas.
De acuerdo con el organismo, la calidad debe estar compuesta, por lo menos, de cuatro dimensiones: eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. Estas características no se encuentran de manera clara en los objetivos ni en las estrategias.
Peor aún, dice, los indicadores que son sólo dos no son suficientes para medir todo lo que se plantea.
Los indicadores planteados en el PND, señala Suma por la educación, sólo evaluarán en pequeña medida la eficiencia terminal y los conocimientos de matemáticas, español y ciencias en primaria y secundaria, y “no son suficientes para evaluar la calidad educativa”.
Por ello, y en virtud de que el PND no puede ser modificado, la organización civil exige al gobierno definir qué es calidad educativa, establecer sus dimensiones y los indicadores que apoyarán para la medición “real, clara y completa” del progreso educativo para plasmarlo en el Programa Sectorial de Educación que aún no ha sido presentado”.
