Reforma publica que la SEP presentó a los partidos del Pacto por México una iniciativa de ley que le arrebataría al SNTE el poder que actualmente tiene sobre las plazas docentes.
De acuerdo con esa iniciativa, las comisiones mixtas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el sindicato, que determinaban el ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros, desaparecerán del servicio educativo a nivel nacional, con lo que el SNTE será reducido a simple observador de los procesos.
En vez de ese esquema, ahora la SEP fijará los estándares de desempeño para los maestros.
Solicitan amparo 200 mil docentes
Amenaza de excepción laboral
La sección 22 realizó protestas en varios puntos de Oaxaca para exigir que se de marcha atras a la reforma educativaFoto jorge A. Pérez
Gustavo Castillo y Laura Poy
Periódico La Jornada
Domingo 21 de abril de 2013, p. 2
Más de 200 mil profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), solicitaron la protección del Poder Judicial de la Federación para que no entre en vigor la reforma educativa.
Según datos del Consejo de la Judicatura Federal se han recibido mil 200 solicitudes grupales e individuales, en las cuales se han aglutinado los más de 200 mil mentores que habían promovido juicios de amparo hasta el pasado 14 de abril, un día antes de que se cerrara el plazo legal para interponerlos.
El abogado Manuel Fuentes Muñiz, quien encabeza el equipo jurídico del Comité Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó a La Jornada en días pasados que los profesores tienen la posibilidad de ser beneficiados con el amparo de la justicia federal porque, según sus consideraciones, la reforma educativa viola tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Explicó que las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucional atentan contra los pactos y convenios internacionales signados por México, ya que reducen derechos laborales a administrativos, afirmó Fuentes Muñiz.
El litigante mencionó que los profesores del país perderían toda posibilidad de una relación bilateral con su empleador, en este caso la Secretaría de Educación Pública (SEP), y con ello no podrán hacer valer sus derechos reconocidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como la inamovilidad en el empleo, y se pierde la protección del artículo 123 constitucional.
Sostuvo que con esa reforma el Poder Ejecutivo, por conducto de la SEP, podrá imponer de manera unilateral las condiciones de ingreso, permanencia y separación del servicio educativo, y se crea de forma velada un apartado C del artículo 123 constitucional, al trasladar toda regulación laboral de los trabajadores de la educación al artículo tercero constitucional, que fue desvirtuado desde 1980, cuando se reformó e incluyó las condiciones de ingreso y permanencia de los docentes universitarios.
De acuerdo con la información obtenida del Consejo de la Judicatura Federal, las solicitudes de juicios de amparo han sido promovidas por profesores de los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Jalisco, así como por mentores del Distrito Federal.
Las solicitudes se han presentado de manera grupal –esto es, que una sola demanda haya sido firmada por varios cientos o miles de profesores– y de manera individual, por esa razón se dio entrada a mil 200 peticiones.
La oposición a la reforma educativa ha generado la movilización de miles de maestros en el país. Es el caso de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), que desde el pasado 25 de febrero iniciaron un paro de labores para exigir la abrogación de las modificaciones constitucionales, y la aprobación en el Congreso local de una reforma a la Ley Estatal de Educación que no incluya la imposición de un modelo de evaluación homogéneo.
Asimismo, los litigantes Humberto Oceguera y Roberto Chávez, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), señalaron durante las movilizaciones realizadas para entregar cientos de solicitudes de amparo el pasado 13 de abril, que en los hechos los docentes quedarán en un estado de excepción laboral. No se les otorgan mecanismos de defensa de sus derechos humanos frente al patrón, pues impera una visión empresarial, donde vale más quien más produce.
Por ello, aseguraron que asiste la razón legal a los quejosos. No se trata de un capricho ni de oponerse porque no les gusta la reforma educativa. En términos jurídicos es claramente regresiva.
En tanto, las demandas de amparo promovidas por el SNTE concentran sus peticiones en exigir que no se modifiquen las condiciones laborales de permanencia y la evaluación periódica de conocimientos.
El magisterio institucional, que antes de la detención de Elba Esther Gordillo Morales se pronunció contra la reforma educativa e incluso difundió un folleto titulado Por qué luchamos hoy, ahora impulsa un llamado a los docentes para enfrentar esta propuesta sólo por la vía institucional y abandonando cualquier acción que implique la suspensión de clases.
