Casa de citas
Luego de la denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) sobre la red de funcionarios federales y estatales que incurrieron en un supuestos desvío de recursos de programas sociales para apoyar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Veracruz en sus campañas electorales rumbo a los comicios del 7 de julio, los legisladores priistas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República simplemente se opusieron al diálogo con la oposición.
Nada, ni una palabra y sólo rechazo a la transparencia fue lo que surgió de esas bancadas del tricolor sobre el escándalo que, de acuerdo con las pruebas presentadas por el dirigente nacional del blanquiazul, Gustavo Madero Muñoz, involucra a 57 funcionarios de distintos niveles.
Fue además una operación “coordinada” por el Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, con el supuesto apoyo de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, de acuerdo con el blanquiazul.
“Su estrategia es usar recursos de los programas sociales del gobierno federal –incluidos los de Oportunidades y la Cruzada Nacional contra el Hambre–, estatal y municipal para ponerlos al servicio de los candidatos del PRI en cada municipio y en cada distrito, lo que constituye una violación grave a la Constitución de la República, a la local de Veracruz y a las leyes penales y electorales que expresamente lo prohíben”, explicó Madero Muñoz.
El PAN emitió una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso, a través de una carta, su dirigente nacional pidió al Presidente Enrique Peña Nieto la renuncia tanto de Duarte de Ochoa como de Robles Berlanga.
Madero le recordó a Peña Nieto que ellos han “cumplido con honor nuestros compromisos” en el Pacto por México y ahora es necesario que el gobierno federal responda del mismo modo.
La respuesta del gobierno federal se hizo a través de dos vías:
La de la propia Rosario Robles, quien el jueves pasado separó de su cargo al delegado de la Sedesol en Veracruz, Ranulfo Márquez Hernández, para que sea investigado, así como a seis funcionarios más, quienes fueron destituidos. Pero, claro, se deslindó por completo del asunto.
Y, además, también respondió a través del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien anunció que ya investiga el caso, con base en la demanda penal interpuesta por el PAN.
Pero los legisladores priistas en San Lázaro y en el Senado no quisieron debatir sobre el tema. Ignoraron las protestas de la oposición y cerraron la puerta a todo diálogo sobre este nuevo capítulo que involucra al PRI en delitos electorales.
Si acaso, lo único que consiguió la oposición en el Senado de la República es que se aprobara la comparecencia de Rosario Robles Berlanga para el próximo martes 23 de abril. Fuera de eso, nada.
El nuevo PRI, dicho por el Presidente Peña Nieto y los máximos jerarcas de ese partido, es uno que está dispuesto a escuchar y dialogar con los opositores, a entender los problemas de los ciudadanos para darles la mejor solución, que aprendió de los errores que le costaron perder la Presidencia de México.
Pero lo cierto es que sigue siendo lo mismo. Más que “nuevo o viejo PRI” es el camaleón de siempre: un animal que procede del Paleoceno, que es capaz de cambiar de color según convenga, que tiene una lengua rápida y alargada, y cuyos ojos se mueven independientes el uno del otro: vigila todo al mismo tiempo.
Sin embargo, el gobierno federal tiene ante sí el riesgo de que los excesos de los gobernadores priistas y funcionarios federales y estatales arriesguen la viabilidad del Pacto por México, que tantos aplausos le ha acarreado al Presidente.
Si no hay respuestas claras a las denuncias del PAN en el caso de Veracruz, y al que se ha sumado ya el de Baja California –donde en julio se elegirá un nuevo Gobernador–, ese compromiso “de honor”, como lo llamó Gustavo Madero, podría romperse en unas semanas más, incluso antes de llegar a las urnas.
