MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de defensa de la libertad de expresión con sede Francia, Alemania y Austria, alertaron sobre la imparable violencia contra periodistas en México y la permanente impunidad que reina en las investigaciones.
En un comunicado fechado en París, Darmstadt y Viena, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), el World Editors Forum (WEF) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI) presentaron un recuento de algunas de las agresiones sufridas por comunicadores desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder, hace cuatro meses, y lo emplazaron a dar garantías de seguridad a los periodistas mexicanos.
Tras recordar que en su toma de posesión Peña Nieto dijo que “acabaría con la ola de violencia que ha azotado a México en los últimos años”, las organizaciones internacionales destacaron que “los periodistas del país han sido blancos permanentes y la libertad de prensa se ha visto seriamente afectada”.
Refirieron en su comunicado que desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006, al menos “41 periodistas han sido asesinados con casi total impunidad, mientras se siguen esperando medidas concretas para resolver los problemas de seguridad persistentes”.
El director general de WAN-IFRA, Vincent Peyrégne, recomendó a los gobiernos federal y estatal que “reconozcan la gravedad de la crisis que afecta a los medios y el impacto negativo que ello tiene para los ciudadanos mexicanos”.
El llamado de los activistas por la libertad de expresión ocurre cuando la víspera directivos de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos “premió” al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por “restablecer el estado de derecho y la aplicación de la ley y la justicia” para los comunicadores de la entidad, como argumentó al entregar el galardón Ernesto Bazán, presidente de la organización mexicana que cuenta con 140 medios asociados.
Respecto de la entidad, las organizaciones internacionales recordaron que en Veracruz han sido asesinados nueve periodistas en los últimos dos años, precisamente, lo que Duarte tiene como gobernador; además de entre 12 y 15 periodistas desplazados a otros estados del país y dos más en el exilio.
“WAN-IFRA y el IPI consideran a Veracruz como una de las regiones más peligrosas del mundo para el ejercicio periodístico”, subrayaron.
Una de las víctimas es la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, cuyo caso fue reducido por el gobierno de Duarte a un simple robo por motivos pasionales.
Amenazas, agresiones físicas y un asesinato así como ataques a instalaciones de medios de comunicación son algunas de los actos violentos en los estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora y Veracruz reportados por las organizaciones internacionales durante los escasos cuatro meses de la presidencia de Peña Nieto.
Entre los casos relevantes, las organizaciones destacan las amenazas y actos de intimidación contra la periodista Anabel Hernández, colaboradora de la revista Proceso y reconocida en 2012 con el premio Pluma de Oro de la Libertad.
Hernández, quien responsabiliza de las amenazas de muerte que ha recibido al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, denunció que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal pretenden retirarle la protección que le han brindado durante los últimos dos años, por lo que “WAN-IFRA y el IPI urgen a que las medidas de seguridad tomadas se extiendan hasta que se realice un minucioso análisis de su situación y los autores de tales amenazas sean llevados ante la justicia”.
En el comunicado se advierte que en una reciente visita a México, los activistas constataron que “se han hecho ciertos progresos en el establecimiento de medidas legales para la protección de los profesionales de los medios y la lucha contra la impunidad que atentan contra ellos”.
Para las agrupaciones, entre los avances están el Mecanismo de Protección contemplado en la Ley de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas, así como la legislación que permite a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las investigaciones de crímenes contra periodistas.
“Sin embargo –apuntaron–, la implementación de estas medidas sigue siendo extremadamente lenta, mientras continúan produciéndose ataques contra la prensa en todo el país”.
La directora ejecutiva del IPI, Alison Bethel MacKenzie, llamó también al Congreso de la Unión para que “apruebe inmediatamente el proyecto de ley que pondría en práctica la reforma constitucional del año pasado, que estableció que las autoridades federales pueden conocer delitos contra la libertad de expresión”, además de que las autoridades federales “deben asegurar que el Mecanismo tenga la capacidad de responder de una manea rápida y eficaz a amenazas contra medios de comunicación”.
WAN-IFRA, con sedes en París, Francia, y Darmstadt, Alemania, y con subsidiarias en Singapur e India, sostuvo que tiene como “misión principal defender y promover la libertad de prensa, el periodismo de calidad y la integridad editorial, fomentando asimismo el éxito empresarial. A ellas están asociadas 18 mil publicaciones, 15 mil páginas web periodísticas de más de 120 países.
En el comunicado se detalla que el WEF “es la red mundial de directores de periódicos y organizaciones de noticias. Su acción se basa en el compromiso en defender la libertad de prensa y en promover la excelencia editorial”, en tanto que el IPI, con sede en Viena, “es una red mundial de periodistas y directores de medios de comunicación dedicados a la protección de la libertad de prensa, la promoción del libre flujo de noticias e información y la mejora del ejercicio del periodismo”.
