Hace 34 años, el entonces Presidente José López Portillo y Pacheco lanzó una de sus frases más recordadas y, por desgracia, vigentes: “… no pago para que me peguen”.
El mandatario se refería concretamente a las denuncias sobre corrupción en su gobierno que, semanalmente, se publicaban en el semanario Proceso, dirigido por Julio Scherer García.
“La segunda quincena de abril de 1982, Francisco Galindo Ochoa, titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, dio la orden a todas las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales y al PRI, de cancelar cualquier contrato publicitario con Proceso, como una represalia por la línea crítica del semanario dirigido por Julio Scherer García”, planteó un reportaje de la revista sobre el tema.
En su edición 291, la revista denunció también que la suspensión de publicidad gubernamental estuvo acompañada del impedimento ordenado por Galindo Ochoa para que reporteros de la revista y la agencia ejercieran su trabajo cubriendo las giras presidenciales, bajo el pretexto de las reducciones del presupuesto”.
En ese entonces, otros medios a los que se les cortaron contratos del gobierno lopezportillista fueron Crítica Política, dirigida por Carlos Perzábal, y el programa radiofónico de Francisco Huerta, “Opinión Pública”.
Sin embargo, a más de tres décadas del “… no pago para que me peguen”, la situación en México es incluso peor: el criterio de discrecionalidad y opacidad se mantiene en el Estado mexicano –a todos niveles– para disponer a conveniencia de recursos públicos que integran el presupuesto de publicidad oficial y que sólo a nivel del gobierno federal representa una cifra indignante: entre enero y noviembre pasados, en la última fase del sexenio, la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa gastó 6 mil 860 millones de pesos en campañas de publicidad de los distintos programas que se llevaron a cabo, de acuerdo con un informe sobre esos gastos entregado a la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2012.
Desde los tres distintos niveles, gobiernos de todos los partidos políticos han usado la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios de comunicación, según la hostilidad o sumisión que perciben en éstos, en una clara demostración de que nada se ganó ni se superó con la tan alabada alternancia en el poder.
Pero además, y de con el informe “El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”, elaborado por las organizaciones independientes Fundar y Artículo 19, los millonarios recursos que, en este caso, los gobierno estatales destinan a la publicidad oficial podría ser suficiente para combatir la pobreza extrema de las entidades con mayor marginalidad en la República, como es el caso de Guerrero y Oaxaca.
Sin embargo, ese dinero, que más de la mitad de los estados (18) no están dispuestos a transparentar y que en todo el país está sin regular, se usa como “mecanismo de control” para que los gobernadores controlen las líneas editoriales de los medios de comunicación que contratan.
El reporte es contundente sobre la ineficiencia y la opacidad de los mandatarios: “Sale caro hacer un buen gobierno, por lo que sale más barato comprar a los medios”.
Esa investigación detectó que el gasto público ejercido en el pago de publicidad oficial a los medios de comunicación –tan sólo en 2011 y sólo en 27 estados– es de 4 mil 518 millones de pesos, cantidad que, indica el reporte, es casi el doble del costo de producción de todos los libros de texto gratuitos del país.
De esas 27 entidades, sólo el Estado de México y Colima entregaron a los investigadores el total de la información solicitada –gasto en publicidad oficial, desglose por tipo de medios, por proveedores y por proyectos– mientras que Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Coahuila y el Distrito Federal no respondieron a ninguna de las preguntas.
Mientras en México no exista un marco normativo que regule cómo se produce, se distribuye y controle la publicidad oficial, no habrá transparencia y claridad sobre el manejo del presupuesto que las instituciones del Estado destinan a ella.
Con esto, la discrecionalidad que ahora se ejerce facilita la presión política, además de prácticas de corrupción, pero también mantiene vivo el ejercicio del “… no pago para que me peguen”.
A esa discrecionalidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha llamado “censura sutil” o “censura indirecta”, pues es justo la mayor arma del Estado contra la libertad de expresión, para vulnerar la construcción de una sociedad más libre y una democracia sólida y plural.
