OBSERVANDO
Por José de la Paz Bermúdez Valdés
• ¿Por qué México vive con altos índices de corrupción?
• Observado
• La Nueva Ley de Educación supuestos y realidades.
El Proyecto de Ley de Educación que habrá de ser el marco operativo de la Reforma a los Artículos 3º y 73 Constitucionales, contempla que “Los maestros que, tras la evaluación, obtengan el grado de “insuficiente”, serán separados del servicio público, sin que implique una responsabilidad a la autoridad”.
Evidentemente se parte del principio de contar con la posibilidad de despedir a quienes según la evaluación realizada por la autoridad educativa no acredite los conocimientos, habilidades y competencias exigidas para el desempeño docente. En otras palabras para quienes resulten incómodos a los intereses no de la educación, sino de las autoridades educativas en turno.
Eso, suena a apostarle a la descalificación del magisterio nacional. Someterlo a exámenes descontextualizados, como actualmente ocurre con los formulados para acreditar la Carrera Magisterial. Es decir para evaluar a un profesor de grupo se le preguntan cuestiones relativas a la dirección y supervisión escolar.
A los directivos escolares se les inquiere de cuestiones de didáctica de la enseñanza de las asignaturas, de los contenidos programáticos de cada grado, cuestiones estas que salen del ámbito de su competencia, razón por la que desacreditan a los docentes, asegurando que un alto porcentaje no se promociona.
A contrario sensu, en la actual diatriba de la Reforma Educativa, que según los más vehementes partidarios será la panacea que resolverá el problema educativo de nuestro país, no se señala que quien acredite dicha evaluación recibirá un estímulo a su salario, es decir mejorará su actual condición. De esto no se habla, ni siquiera en tono bajo.
Como se observa, se apuesta por la descalificación del y la sanción al magisterio, pero no se promueve el reconocimiento y la estimulación a quienes diariamente se esfuerzan por ser mejores.
A lo largo de las declaraciones formuladas por el Secretario de Educación Pública Emilio Chuayfett Chemor jamás se ha tocado el tema del mejoramiento salarial al magisterio. Al parecer consideran que es una magnífica oportunidad vivir con el sueldo de un docente. Por ello están dispuestos a sancionar a quienes reciben el exuberante salario que se paga al magisterio nacional.
Plantean que se pretende la oferta de una educación de calidad. Sí, pero ¿estarán dispuestos a otorgar los insumos necesarios para la realización del proceso enseñanza-aprendizaje?
Ahora bien, pregonan que para ascender a los cargos de director de escuela, supervisor escolar deberán los profesores acreditar los exámenes correspondientes que permitan determinar su capacidad para el desempeño de dichas funciones.
Nuevamente se elude lo importante, lo trascendental. Por principio de cuentas, ¿Se contará con edificios escolares acordes a las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje? O ¿se seguirá laborando en casas de madera, en enramadas bajo un árbol, en casas de Infonavit o bajo cualquier carpa como en la actualidad? ¿Habrá edificios escolares?
Porque a este aspecto tampoco hace referencia el proyecto de Ley de Educación reglamentaria del Artículo 3º Constitucional.
La evaluación a que se sujetarán los directores de escuela será dividida entre los que tienen edificio escolar construido ex profeso para tal función, entre los que tienen edificio adaptado para la práctica educativa, entre los que tienen casa de madera, de cartón, enramadas u otros materiales que les permiten cubrirse de las inclemencias del sol y entre los que trabajan en casa de Infonavit, entre los que laboran bajo un puente o en otras condiciones deplorables. O ¿será genérica? Después de todo siguen pensando que independientemente de las condiciones materiales en que se labore, todos son directores de escuela.
Evidentemente no se puede evaluar a todos por igual porque sus condiciones de operación no son iguales, como desiguales son las situaciones de quienes están al frente de una escuela de organización completa, de una de organización incompleta, de una multigrado o de una unitaria. Ellos también realizan las mismas funciones directivas que quienes cuentan con todo el personal para la atención de cada área de los programas vigentes. ¿Lo entenderá la SEP y el equipo de evaluadores?
Por lo que hace a los supervisores escolares, serán evaluados en igualdad de condiciones los que cuentan con oficinas propias para el desempeño de su función, que los que están arrimados en una escuela de su jurisdicción, ocupando un aula del plantel educativo que los cobija, o de los que rentan una oficina para realizar la función porque la Secretaría de Educación ni eso ha sido capaz de otorgarles.
¿Estará la SEP en condiciones de asumir su responsabilidad en esta materia?
Evidentemente la evaluación comprenderá aspectos inherentes a las nuevas tecnologías educativas, por lo que es de suponerse se dotará de los equipos de cómputos apropiados para el desarrollo de las actividades correspondientes, se les entregarán las computadoras, las impresoras, las conectarán a la banda ancha de internet (en donde exista energía eléctrica), evidentemente les conectarán el servicio telefónico (y la SEP pagará los recibos correspondientes), las dotarán de los artículos de oficina que requieran y lo más importante, las dotarán de los vehículos motrices a efecto de que realicen sus funciones de supervisión, con el suficiente combustible para que ejecuten las acciones de orientación al personal a su cargo, evalúen los avances programáticos, realicen cursos de orientación, actualización, superación y preparación con el personal directivo y docente a su cargo.
Se evitará lo que sucede en la actualidad, que los docentes tienen que asistir a ciber-café para elaborar y enviar la documentación que se les exige, con costo a cargo de los profesores por supuesto, ya que la SEP, sólo exige, pero no otorga los instrumentos para la realización de dichas exigencias.
Sí, ante estos supuestos sin lugar a dudas las exigencias de una evaluación al personal directivo es más que una exigencia, constituye la elevación de la calidad educativa en su máxima expresión.
Porque de seguir como hasta ahora, que los directivos escolares carecen de lo más indispensable para la realización de su función, la Reforma Educativa será un alarido en el desierto. Ya pueden seguir cacareando la prohibición –en teoría– de las cuotas «voluntarias» a los padres de familia
Sin lugar a dudas el Proyecto respectivo contemplará la evaluación previa que habrá de realizarse a quienes ocupen cargos de dirección en las oficinas centrales. Contendrá la exigencia de que los gobernadores evalúen a quien ocuparán los cargos de Secretarios de Educación, Subsecretarios, Oficiales Mayores, Direcciones Generales, Jefes de departamento y todo el personal que ejecute acciones dentro de la estructura educativa.
De lo contrario, si sólo se trata de evaluar al magisterio dejando en los cargos de dirección educativa de las oficinas centrales, se caerá en el viejo vicio de sólo actuar en contra de los de abajo. Y eso ni es justo ni es correcto.
• ¿Por qué México vive con altos índices de corrupción?
Y la respuesta es contundente: porque existe desvergüenza de los gobernantes.
Así de sencilla es la respuesta. Veamos.
El gobierno pregona la aplicación irrestricta de la Ley, pero resulta que el primero que la viola es el gobierno. El presidente de la república simula la presentación de su condición patrimonial. Le apuesta a la ignorancia popular. Torpeza de primer nivel.
Siguiendo el ejemplo del primer mandatario el resto de la corte gobernante trasgrede la ley. Si el primero lo hace, porque los segundos no. Así empieza la ampliación de la cadena de la corrupción.
Trasciende el ámbito. Los diputados federales se incrementan sus percepciones arbitrariamente, viven la cortesanía palaciega. Y sus compañeros los Senadores, se asumen como lo máximo y se fijan no tan sólo percepciones millonarias, sino que se autorizan viajes, regalos y toda suerte de prestaciones, que produce escalofrío su sola mención.
Por su parte los gobernadores de los estados, convertidos en señores virreyes, roban descaradamente, endeudan a la entidad, omiten enterar a la federación de los descuentos realizados a sus trabajadores y buscan afanosamente partidas presupuestales que debieran haberse cancelado, revivirlas a sabiendas que no son auditables y que su cobro ingresará a su peculio personal. Tal es el caso del derogado impuesto de tenencia vehicular.
A lo anterior hay que agregar la nula existencia de un estado de derecho, en donde los responsables de procurar e impartir justicia son quienes promueven la corrupción.
En ese encadenamiento siguen los alcaldes quienes no tan sólo sustraen el dinero del pueblo para su propio beneficio, sino que consideran que la administración pública pertenece al ámbito familiar, en donde primos, sobrinos, tíos y demás parentela debe gozar de los beneficios que otorga el llegar al poder.
Si quiere usted un ejemplo destacado de esta situación observe la administración municipal de Matamoros, Tamaulipas. ¿Díganos quién de los diversos cargos que constituyen el organigrama del gobierno municipal de dicha entidad no es familiar del Mayor de la ciudad?
En fin, la corrupción en México tiene su origen en sus gobernantes.
• Observado.
¿Por qué si quieren hacer una Ley de Educación que contemple la mayor parte de los puntos de vista de los involucrados, no le permiten al magisterio opinar al respecto?
Gastan millones de pesos en cuestiones publicitarias, ¿Por qué no enviar a cada docente un ejemplar del anteproyecto, para que realice las observaciones que considere pertinentes?
