Para cerrar este épico año 2020 el Gobierno envió el miércoles un adelanto navideño a millones de trabajadores mexicanos: un aumento del 15 por ciento al salario mínimo, una retribución poco común en la historia económica del País.
El mínimo general pasará de 123.22 a 141.70 pesos diarios. El de la frontera norte aumentará de 185.56 a 213.39 pesos diarios (esta diferencia tan marcada lo explican algunos porque el costo de vida es más elevado en esta zona, aunque ciudades como Monterrey y Villahermosa se distinguen también por ser “caras”).
Además, como una novedad, aparecen ahora dos nuevos salarios mínimos profesionales. Uno para las trabajadoras domésticas de 154.03 pesos diarios y otro más para los jornaleros agrícolas de 160.19 pesos diarios.
Este aumento resultó a fin de cuentas una decisión unilateral tomada por el Gobierno que ha optado por pasar la factura a los empresarios nacionales. Como era de esperarse, las reacciones fueron inmediatas. Para diversas organizaciones, como la Coparmex, este incremento lo contemplan como “irracional” y anticipan el cierre de al menos 700 mil empresas antes de abril, algo que ya minimizó nuestro Presidente.
Y es que esta alza salarial decretada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (sin el voto de la IP) se da en un contexto económico poco favorable para los comerciantes y empresarios mexicanos. Durante la pandemia por lo menos un millón de empresas —en su mayoría micro y pequeñas empresas— decidieron suspender sus operaciones. Y para colmo casi 12 millones de mexicanos se han quedado sin ingresos económicos.
Resulta loable que nuestro Gobierno se esté preocupando por el bienestar de sus ciudadanos y busque caminos para mejorar su economía personal y familiar. Sin embargo, el estilo para tomar decisiones económicas y laborales se caracteriza por la fórmula de no tomar en cuenta a elementos clave en el juego, como al sector empresarial.
Con justa razón los patrones han decidido manifestarse en contra del aumento. Se quejan de que cada vez son tomados menos en cuenta y que han dejado de ser escuchados por las instancias gubernamentales.
En nada contribuye al bien del País la política económica recurrente de un Presidente que en estos dos años ha mantenido al margen al sector productivo empresarial y ha optado por seguir un estilo autocrático y populista. Su retórica mañanera constante contra los empresarios (“los conservadores” los llama) se ha convertido ya en una peligrosa costumbre que solo ayuda a polarizar más a la nación.
“Esto (el incremento salarial) implicaba un esfuerzo tripartito, prudente y acorde a la realidad. Sin embargo, el Gobierno Federal no quiso poner nada”, dice un comunicado de la Coparmex.
“Tal y como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia, el Presidente de la República, no accedió a realizar aportación alguna para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y preservar los empleos”, añade el documento.
La necesidad de un aumento salarial era sin duda evidente y justa. La cantidad final y las condiciones de imposición en que se decidió deja, sin embargo, mucho tema para cuestionar y discutir.
