Por:Mauricio Fernández Díaz
Al contraatacar a la FGR argumentando que los cargos en su contra tienen una motivación política, Francisco Javier García Cabeza de Vaca cayó en el juego de AMLO, al darle justificación a la FGR para exhibir las pruebas y exhibir públicamente los avances en un caso que podría ayudar al presidente en la temporada electoral, haciendo del caso Cabeza de Vaca un emblema en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
En el gobierno federal cuentan que el plan para procesar jurídicamente al gobernador de Tamaulipas está saliendo más que bien. Tan bien que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dado su carácter beligerante y visceral se está prestando para el escarnio público.
Después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Ignacio Mier, diera a conocer en Twitter que había recibido la solicitud para iniciar el desafuero contra el mandatario panista, los estrategas en Palacio Nacional diseñaron una estrategia no solo para ganar el caso sino para utilizarlo mediaticamente adelantándose a lo previsible: el acusado se defendería diciendo que se trataba de una persecución política.
En cuanto dijera esas palabras, Cabeza de Vaca se inmolaría, pues la Fiscalía General de la República (FGR) tendría lo necesario para justificar la exhibición de las pruebas que tiene en su contra y que están condensadas en un expediente de más de 300 hojas.
Ese acto de mostrar al público las evidencias recogidas a lo largo de más de año y medio de investigaciones juega a favor del gobierno federal, pues no sólo les permitiría demostrar que no están actuando por consigna, sino que le daría protagonismo al presidente y al gabinete de seguridad en un caso contra la corrupción en plena temporada de elecciones.
“Sabíamos que el gobernador iba a decir que la FGR lo está acusando porque es un opositor al presidente. Casi urgía que lo dijera”, cuenta una fuente cercana al caso.
“Si él está usando los medios para litigar, nosotros podemos hacer lo mismo en las conferencias del presidente”.
El caso Cabeza de Vaca incluye tres paradas: la primera la inició el propio gobernador cuando viajó a la Ciudad de México para exigir en San Lázaro que se le notificara personalmente los cargos que le imputan –delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada– y recibiera una copia del inicio del juicio, lo que dió pie para que la FGR exhibiera públicamente la entrega de la notificación en palacio de gobierno de Tamaulipas , así como el expediente.
Cabeza de Vaca insistió en que se le ataca por ser un miembro destacado de la Alianza Federalista, ahora dividida respecto al apoyo público hacia el gobernador.
En la reunión de la GOAN, el gobernador utilizó el foro para denunciar que se habían violado sus derechos humanos porque no conocía el expediente en su contra ni las evidencias que tiene la FGR para acusarlo de delitos graves.
Al término del evento al menos dos gobernadores declararon que lo dicho por el mandatario tamaulipeco había sido “a título personal” ya que dicho tema no estaba incluido en la agenda de la alianza.
El segundo acto es la respuesta del gobierno federal: con la transparencia como argumento hará de este juicio uno de los más mediáticos del sexenio. Cada paso en firme que den los abogados de Alejandro Gertz Manero será publicitado como una actualización del caso para el público mexicano, ávido de una disputa estelar entre un presunto delincuente de la oposición y AMLO y su lucha contra la corrupción, bandera del presidente.
Y el tercero sería la resolución, que en el gobierno federal confían en que será contra el gobernador tamaulipeco
El espectáculo del desafuero contra el también exalcalde de Reynosa, Tamaulipas, tiene dos pistas: una en lo federal y otra en lo local.
Desde las gradas, el público mexicano verá una función donde Cabeza de Vaca será desaforado y otra donde caerá en una red tejida por él y sus correligionarios que lo protegería momentaneamente de ir a prisión
PRIMERA PARADA
La primera función está en la Cámara de Diputados, donde los legisladores federales deberán seguir las indicaciones del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que bastan los votos de la mayoría en San Lázaro para quitarle la protección jurídica al panista e iniciarle un juicio penal.
Al ser Morena el partido mayoritario en la Cámara Baja, y además contar con aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, el desafuero es cuestión meramente protocolaria.
Sin embargo, para proceder completamente en su contra, el Congreso de Tamaulipas en un fast track aprobó modificaciones al reglamento de desafuero que precisa ahora el hecho de que también se necesita la aprobación del Congreso local, según el artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para proceder al desafuero.
Sólo con ese segundo visto bueno, la Fiscalía General de la República tendría paso libre para, incluso, ejecutar una orden de aprehensión con prisión preventiva para el gobernador.
El asunto es que, en lo local, Morena y sus aliados no son mayoría, sino Acción Nacional y sus amigos, lo que augura un buen desenlace, aunque temporal, para Cabeza de Vaca.
Es decir, el espectáculo tendrá un final polémico y dos interpretaciones. Uns, para quien quiera ver al gobernador de Tamaulipas como un criminal y dos, quien quiera catalogarlo como un perseguido político.
Sería culpable para la Federación e inocente para sus correligionarios, lo que sin duda incidirá en la elección de junio, de acuerdo a la percepción y opinión que tenga la sociedad tamaulipeca acerca de la culpabilidad o inocencia del gobernador panista.
