Rogelio cogco.
Una de las principales premisas en las sociedades donde predomina la economía de mercado, tiene que ver con cuáles son las principales funciones que debe asumir el gobierno.
Estas son: 1) garantizar la propiedad privada y 2) proveer de seguridad a los ciudadanos a través de un sistema de impartición de justicia. En este sentido cualquier ajuste o bien desajuste en el plano económico, el mercado haría el trabajo de regular las diferencias, es decir, el mecanismo autónomo de la oferta y la demanda se encargaría de regular las intenciones e intereses de los compradores y vendedores, que al final son las familias, las empresas y el mismo gobierno. Sin embargo, cabría hacer una pregunta, si todo entra en el ámbito del mercado entonces todo lo que nos rodean son mercancías, y por tanto todo se produce y distribuye a través de un mecanismo autónomo que se autorregula, y orienta todas las actividades productivas incluyendo los servicios.
Ante la lógica anterior, es necesario reflexionar si todos los productos y servicios deben ser distribuidos bajo las reglas del mercado, la respuesta sería que no, no todos los productos y servicios deben ser mercancías aunque en el proceso de producción se necesiten algunos insumos propios del mercado, por ejemplo, el caso de la salud, cuando se pensó que lo mejor que debía hacerse es que todos los servicios fueran ofrecidos por un particular, y éste al final ve en la prestación del servicio la posibilidad de obtener rentas que le permitan permanecer en dicho segmento de prestadores de servicio, una forma de cómo permanecer en el mismo es ofreciendo un servicio acorde al segmento a quien se dirige, por lo que el precio clasifica y segmenta a quienes hacen uso del mismo, pero qué pasa cuando la mayoría de la población no tiene acceso a un servicio de salud privada por el simple hecho de no contar con los recursos para ello, alguien tendría que pagar por ellos. Derivado de lo anterior, en la sociedad actual se le han dado otras encomiendas al gobierno, que es actuar en el plano social con el objetivo de reducir las brechas generadas por el mercado, es decir, el de implementar acciones a fin de proveer los servicios para quienes no tienen acceso a los servicios privados, sin embargo no es tan sencillo, ya que, también por ser ciudadano de un país éste te hace acreedor a derechos sociales, donde el Estado a través del gobierno los debe garantizar, lo que implica considerar que no todo lo que hay en una economía de mercado son mercancías, más si se refiere a aquellas encomiendas propias de los derechos sociales de los ciudadanos en México, como es el caso del derecho a la salud, enmarcado en el Artículo 4o de nuestra constitución política, en el que se establece que toda persona tienen derecho a la protección de la salud entre otros derechos. Hay que tomar en cuenta lo que se ha visto en este ámbito ante un problema de salud pública asociado a la pandemia que actualmente atraviesa el mundo y afecta también a nuestro país, y es que se tiene un sistema de salud fracturado y desarticulado, en primera instancia en materia de salud privada existe una gama importante de oferta cuyos servicios discriminan a los pacientes por el precio; en materia de salud pública se tienen varios fondos, por una parte los propios de la seguridad social como son IMSS; ISSSTE; PEMEX, SEDENA y MARINA; por otro se encuentran los de la Secretaría de Salud que operan con contribuciones del gobierno federal y estatal; por lo que, ante los problemas de salud pública es necesario articular acciones entre todos los encargados del sector a fin de garantizar que, ante las amenazas de una pandemia se actúe en conjunto bajo un plan articulado que garantice que todos tienen el derecho a la salud, por lo pronto bienvenidos sean los acuerdos a fin de intervenir en conjunto tanto el sector público como privado ante un problema de salud pública que implica una pandemia como la que actualmente se padece en México y el mundo.
El Sol de Tampico.
