El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, para esclarecer la suspensión a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por un amparo.
En una carta, el primer mandatario le pidió «de manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes» determinar e informar si al juez le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión. Así como explicar si era de su competencia resolver este caso.
Durante su conferencia matutina, López Obrador manifestó que detrás de la suspensión «actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen, que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo». Lo que ha provocado severas afectaciones a la Hacienda Pública y a la economía de la mayoría de los mexicanos.
El jefe del Ejecutivo reiteró que un ejemplo es Iberdrola, empresa española que ofreció trabajo a la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, y al expresidente Felipe Calderón.
«Esta clase de intereses corporativos que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial, nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país», detalló en la carta.
Claudio X. González
Andrés Manuel dijo que entre las personas que están detrás del amparo que derivó en la suspensión de la reforma están el empresario Claudio X. González y el exministro de la SCJN, José Ramón Cossio; ya que el primero es un «pseudo defensor de la sociedad civil, pero beneficiario de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Salinas de Gortari» y el segundo «legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio, cómplice ante corruptelas y arbitrariedades» cuando estuvo en el Poder Judicial.
El presidente destacó que sería lamentable que, «después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país», se permita el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del estado de derecho; «pues en honor a la verdad quienes hoy invocan ese principio para preservar intereses han sido y siguen siendo los violadores más tenaces».
En este sentido, menciono que las pruebas que demuestran sus argumentos son que Claudio X. González Laporte fue asesor económico de Salinas de Gortari y su familia tiene acciones en empresas particulares de generación de energía eléctrica. «Toda la familia participó en el fraude electoral de 2006» porque «financió parte de la guerra sucia» contra AMLO y lo sigue haciendo, de acuerdo con López Obrador.
José Ramón Cossio
Mientras que José Ramón Cossio aprobó resoluciones injustas y se convirtió «en paladín de las libertades y de la justicia». El primer mandatario recordó que estuvo en el caso de la Guardería ABC y votó en contra del proyecto que proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del gobierno de Sonora y de Hermosillo. Todo para «beneficiar al gobierno de Calderón y a la familia de Margarita Zavala», comentó.
Otro caso fue cuando Cossio protegió al exsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Genaro García Luna, y a Calderón en el caso de Florence Cassez. El tercero fue cuando declaró que estaba «impedido» para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa.
El cuarto suceso fue cuando el exministro voto contra un proyecto en el que se proponía amparar a una periodista, pues no se había acreditado que ésta hubiera emitido expresiones con malicia efectiva en una investigación de corrupción en la que estaba implicado Roberto Gil.
