‘El Vicentillo’ fue a Los Pinos en 1997 a ver al jefe del EMP del Presidente Ernesto Zedillo

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David Brooks, corresponsal 

El Chapo Guzmán baila con una mujer no identificada. La foto fue presentada al jurado en Nueva York. Foto ApFacebookTwitterCorreoWhatsAppPinterestMeneameLinkedInMás…2.7K

Nueva York. Vicente Zambada Niebla, hijo y jefe operativo del líder del cártel de Sinaloa, fue a visitar personalmente al general Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor del presidente Ernesto Zedillo en 1997, en Los Pinos, reveló el ahora testigo cooperante durante su segundo día de testimonio en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. También confirmó que el acusado tenía el contacto indirecto del cártel con la agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA.

En la contrainterrogación por uno de los defensores de El Chapo, Zambada Niebla, alias El Vicentillo, divulgó que realizó una visita personal al general Miranda para expresar su preocupación sobre el tratamiento que estaba recibiendo toda la familia por redadas contra las empresas de su madre en Culiacán. Aclaró que no ingresó a la residencia presidencial, sino sólo a las oficinas del Estado Mayor adjuntas.

Preguntado por Eduardo Balarezo, uno de los tres abogados de El Chapo, sobre si su padre había sobornado al presidente Zedillo, El Vicentillo respondió que no, mi papá nunca me dijo eso.

Pero confirmó que su padre y sus socios sobornaron a policías federales, estatales y municipales, incluyendo a los que llamaban los yanquis –delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) en los estados– como también a funcionarios de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y a militares, como reveló en su primer día en el banquillo de testigos en un tribunal federal en Brooklyn.

Después de que los fiscales concluyeron la mañana de ayer el interrogatorio de su testigo cooperante –quien a cambio de su testimonio en este y otros casos espera recibir una condena reducida por cargos de narcotráfico–, la defensa intentó agresivamente minar la credibilidad de El Vicentillo y provocar dudas entre el jurado sobre sus detalladas explicaciones de las operaciones del cártel de Sinaloa bajo la batuta de su padre y el acusado, a quien siempre se refiere como “mi compadre Chapo”.

Al preguntarle si él y su padre negociaron con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos desde 2007, El Vicentillo sorprendió al abogado –quien esperaba otra respuesta– al afirmar que “el que tenía la comunicación con la DEA era mi compadre Chapo”.

Recordó que su padre, Ismael El Mayo Zambada, su compadre El Chapo y él –por propuesta inicial de Joaquín Guzmán– decidieron buscar una reunión entre la DEA y El Vicentillo en 2009, ya que él deseaba salirse del negocio del cártel con el permiso de los otros dos, pero necesitaba quitarse de encima la persecución legal que enfrentaba en Estados Unidos.

La idea, afirmó, era proporcionar a la DEA información sobre “los enemigos de mi padre y de mi compadre Chapo –entre ellos los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes y Los Zetas– a cambio de buscar arreglar” los problemas legales que enfrentaba El Vicentillo en Estados Unidos.

Preguntado sobre si sabía que la información proporcionada a la DEA sería compartida con las autoridades mexicanas, El Vicentillo respondió que sí y que se suponía que esa agencia y el gobierno de México procederían contra los enemigos del cártel de Sinaloa con esa información. Contó que se reunió con dos agentes de la DEA en la Ciudad de México, pero un par de horas después de salir de ese encuentro fue arrestado por fuerzas especiales nacionales.

Fue extraditado a Estados Unidos y fue colocado en la unidad especial de una prisión en Chicago, donde durante casi dos años padeció condiciones de aislamiento extremo que consideró tortura. Fue sólo después de que decidió declararse culpable y firmar un convenio de cooperación con el gobierno estadunidense cuando sus condiciones carcelarias mejoraron. Como parte de ese acuerdo está testificando ahora contra su compadre.

A la pregunta de que si en sus más de 100 sesiones con fiscales y agentes estadunidenses ha proporcionado información sobre su padre, entre otros narcotraficantes, El Vicentillo detalló que como parte de su acuerdo proporcionó información sobre casas, escondites, pistas de aterrizaje, oficinas y coordenadas de El Mayo Zambada. El abogado Balarezo le preguntó si reveló todo, ya que a pesar de todos esos datos, El Mayo sigue libre. El Vicentillo respondió con una breve sonrisa: “Que no haya sido detenido no es mi culpa… ¿Yo tengo la culpa de eso?”

Reveló que una medianoche en 2012 fue sacado de su celda por las autoridades estadunidenses, llevado a una oficina para tomar un teléfono y por primera vez en mucho tiempo habló con su padre. Informó que después se enteró de que fueron sus abogados quienes lograron organizar la llamada y que aparentemente ésta se hizo con la condición de que él le pidiera a su padre que se entregara a las autoridades.

Aunque la táctica agresiva de Balarezo –incluyendo intentos para provocar al Vicentillo con críti-cas a su capacidad intelectual– no rindió frutos, ya que el testigo no sólo mantuvo la calma, sino hasta provocó risas del jurado con algunas respuestas agudas, la defensa sí logró que coincidiera con una de las líneas de su argumento contra el caso del gobierno: El Vicentillo respondió que sí es cierto que hay una campaña para inflar el personaje de El Chapo, tanto por el gobierno de México como el estadunidense. El juicio continuá el lunes.

Mientras tanto, en un caso separado sobre narcotráfico en México, pero en el mismo edificio de tribunales federales donde se realiza el juicio de El Chapo, la fiscalía federal informó que Édgar Veytia, ex procurador general de Nayarit, se declaró culpable de conspiración para la manufactura y distribución de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana de México a Estados Unidos entre 2013 y 2017.

Según el expediente, Veytia empleó su posición oficial como procurador general estatal para asistir y apoyar a organizaciones del narcotráfico operando en Nayarit a cambio de sobornos. El cargo conlleva una condena de hasta cadena perpetua.

La Jornada