Por: Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Más allá de la lentitud natural de los inicios de año, hay un estancamiento evidente en la inversión pública estatal. Se puede notar no solo en las escasas obras en proceso sino también en la baja operatividad administrativa. Y ya no se le puede atribuir al periodo inicial 2022-2028, porque ya no estamos en octubre del año pasado, sino prácticamente en febrero de 2023, es decir, han pasado cuatro meses, y entramos en el quinto. Sin embargo, hay una funcionaria a la que se le puede atribuir esta dejadez económica, y se llama Adriana Lozano Rodríguez, la tesorera estatal.
Merece primero hacerse una mención de la quiebra financiera que dejó Francisco García Cabeza de Vaca al salir de la gubernatura. La falta de transparencia del panista fue una de las causas de la derrota del PAN, envuelto en acusaciones de corrupción y desvíos. Si algo supimos de este desfalco fue gracias a la información que proporcionó el doctor Villarreal.
El 11 de octubre de 2022, a una semana de asumir el poder, el gobernador Américo Villarreal declaró que la deuda pública estatal ascendía a 16 mil millones de pesos, y la deuda de proveedores, a cinco mil millones de pesos. Estas cuentas dieron idea del problema financiero que enfrentaba Tamaulipas.
En ese momento, la estafeta para informar a los tamaulipecos sobre el gasto y las finanzas estatales le correspondía a Adriana Lozano Rodríguez , en su calidad de titular de la Tesorería. Vino entonces el anuncio de un préstamo bancario para saldar los pesados compromisos de fin de año de la administración.
El 5 de diciembre, Lozano confirmó que el gobierno de Tamaulipas contrataría un crédito bancario de 2,500 millones de pesos a corto plazo, que se pagaría en los 12 meses siguientes de 2023, a cuenta de las participaciones federales.
“Esta información se las adelanto a ustedes para que tenga conocimiento la población”, dijo así, ni más ni menos, la tesorera. Semejante voluntad informativa no puede ser sino celebrada por alguien amante de la vedad y la función pública.
“Con esto (el préstamo), se cierra el ejercicio con finanzas, que pudiéramos decir, sanas; empujamos este barco de finanzas hacia el mar abierto y vamos a seguir trabajando”. Así remató la Secretaría de Finanzas su explicación sobre la deuda contraída.
Sin embargo, este barco que ella conduce ha entrado en una tempestad cargada de nubosidades negras y es muy difícil atravesarlas con la vista. No se ve por dónde navega. Y ella no es la dueña de este galeón, sino todos los tamaulipecos.
Por su responsabilidad como tesorera, y por el letargo visible de la administración estatal, Lozano Rodríguez se está quedando corta en el manejo de los recursos públicos. Y no somos ilusos como para decirle que está sentada sobre un tesoro o que saque dinero de los árboles, como si ahí creciera. Hablamos del dinero que ya ha recibido y que no ha transparentado. Se trata, simplemente, de aclarar las cuentas, porque no se gastó todos los 2,500 millones de pesos en una sola semana ni en una sola secretaría.
Una versión sostiene que el pago de aguinaldos y otras prestaciones a maestros y burócratas (principales víctimas de la falta de liquidez en diciembre) se cubrió con 1,500 millones de pesos. De ser así, Adriana Lozano tendría un remanente jugoso de mil millones de pesos, con los cuales comenzar la anunciada transformación, hacer algunas compras, renovar equipos o, simplemente, avanzar.
Si dicha versión es inexacta bastaría con que la Secretaria de Finanzas, en una conferencia de prensa, presentara los rubros y los montos que asignó en 20 días hasta acabarse los 2,500 millones de pesos. Le haría bien apoyarse en algunas gráficas y fuentes documentales para respaldar su informe. Porque hacerlo así, de saliva, a la buena de Dios, suena inverosímil.
Cuidado: el ambiente está saturado de politización, como un gas inflamable, y la menor chispa de escándalo puede causar un estallido. Tamaulipas fue incluido en los estados que debe investigar la FGR por el presunto financiamiento ilícito de la campaña #EsClaudia para promover a la jefa de gobierno de la Ciudad de México como candidata presidencial. En la capital de Tamaulipas, por cierto, hay panorámicos con esta propaganda.
Nadie está diciendo “culpable”, pero sí abundan las quejas contra la Secretaria de Finanzas porque no hay dinero para nada, sean fotocopias, viáticos, gasolina ni papel de baño en oficinas gubernamentales. ¿Se terminó los 2,500 millones de pesos en veinte días? Está bien, pero que lo transparente.
Faltan solo dos meses para que venza el plazo de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, y Adriana Lozano podría adelantar al menos algunos ejes generales que le tocarán manejar. La austeridad es muy deseable, siempre y cuando signifique bajar los subsidios a mandos altos o la “burocracia dorada”, como la llama López Obrador. Pero empobrecer los servicios, la ayuda social y la inversión publica no solo es indeseable sino fuente de desgracias para la población.
Según la Ley Estatal de Planeación, a la Secretaria de Finanzas le corresponde “participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, respecto de la definición de las políticas financieras, fiscales y crediticias (artículo 16, párrafo 1). Y , también “verificar que las operaciones en que se haga uso del crédito público prevean el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y de los Programas que de él se deriven (párrafo IV).
Por donde se le vea, Adriana Lozano tiene mucho que explicar.
