Adela Navarro Bello
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, no tiene calidad moral para hablar de justicia y seguridad. No tiene hechos que le respalden, ni cifras para presumir un real combate al narcotráfico y al crimen organizado. De hecho, la persona en la que delegó la política de combate a la inseguridad, lo abandonó aun con un año de gobierno por delante.
Efectivamente, Miguel Ángel Osorio Chong, quien quiso convertirse en el policía de la política al concentrar en la Secretaría de Gobernación que encabezó durante cinco años, las acciones de seguridad, operación policíaca y combate al crimen, no solo no dio los resultados esperados, sino que durante su labor, se incrementaron los homicidios, crecieron las células del narcotráfico, se consolidaron cárteles, y México llegó a los primeros sitios de las estadísticas internacionales de los países más inseguros, más violentos y más impunes.
Aun así, el ejecutivo nacional arremetió. Leyó ufano en uno de sus discursos: “No puede haber borrón y cuenta nueva.
Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”. Si por sus palabras es evaluado, Enrique Peña Nieto ha traicionado a México.
“Desde el inicio de mi Administración hemos hecho la parte que nos corresponde en la lucha contra las organizaciones delictivas, y lo seguiremos haciendo con determinación hasta el último día de esta gestión”, completó el Presidente Peña al inaugurar un Batallón de Infantería en Jalisco.
Pero la realidad que vive México está muy lejana de la retórica presidencial. Es cierto que en este sexenio se “ha dejado de hacer, se ha dejado pasar” en materia de seguridad. Si bien no hay un acuerdo de facto con los criminales, ni se negocia oficialmente con ellos, si existen acuerdos ilícitos que permiten a los delincuentes seguir en su escalada de violencia y drogas en total impunidad a partir de la corrupción.
Veamos, en promedio en México y durante la administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto, asesinan de manera violenta y por asuntos relacionados con la inseguridad pública, el crimen organizado y el narcotráfico, a un promedio de 1 mil 900 personas. El año 2017, octubre fue el mes más violento en el país cuando esa cifra se alzó hasta las 2 mil 700 víctimas.
A septiembre de 2017 y contando desde el día en que Peña Nieto tomó posesión, en el semanario ZETA de Baja California se contabilizaron 104 mil 602 ejecutados. Si sumamos los 2 mil 700 de octubre, y asignamos el promedio de 1 mil 900 por mes a los meses de noviembre y diciembre, se contabilizan 111 mil 102 ejecutados en los cinco años del gobierno peñista.
Normalmente relacionados con el narcotráfico estos homicidios dolosos no se resuelven. Se cuentan pero no cuentan. Sirven para la estadística y como parámetro de medición de la violencia en el país, no solo de autoridades que deberían accionar estrategias de combate para contener la violencia, sino para organizaciones de la sociedad civil, y aún más para la medición de la inseguridad en el mundo. De ahí que México siempre ocupe los primeros lugares en la materia.
Otro hecho. La impunidad. La Procuraduría General de la República mantiene un alto nivel de impunidad, especialmente en los asesinatos, que aun originados en delitos del fuero federal como narcotráfico y crimen organizado, ignorar esas investigaciones y las dejan en los estados de la República en el fuero común, como si se tratase de cualquier otro homicidio. En esas condiciones, la impunidad en los casos de ejecuciones alcanza niveles de 90 por ciento.
De acuerdo al Índice Global de Impunidad 2017, realizado por la Universidad de las Américas en Puebla, México es el cuarto país con mayor impunidad en el mundo. El indicador en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, ubica el nivel de impunidad en 69.21 por ciento en nuestro país. Si consideráramos ese indicador sobre los 111 mil 102 ejecutados en cinco años, resultaría que 76 mil 893 ejecuciones permanecen en la impunidad.
En estricto sentido y con cifras del gobierno federal, esos datos indican que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos incrementaron en 6 mil 277, tan solo en números oficiales y descartando en automático los casos resueltos, si es que los hubo.
Un tema muy relacionado con las más de mil 75 fosas clandestinas que entre 2007 y 2016 se han localizado en México de acuerdo al informa Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, realizado por la Universidad Iberoamericana.
