La ignorancia como política de gobierno

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Enrique Calderón Alzati
Los intereses detrás de la reforma educativa. Sin contar con el conocimiento de los maestros y de la sociedad mexicana en su conjunto y en desacuerdo con los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), siguiendo las instrucciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –creada por el gobierno de Estados Unidos con un mandato de carácter financiero, ajeno a la educación–, el actual gobierno de Enrique Peña Nieto ha tratado de imponer, con la complicidad de varios partidos políticos, una supuesta reforma educativa, cuyo objetivo no ha sido otro que privatizar la educación, como continuación de la política iniciada durante el gobierno de Carlos Salinas, instrumentada por su secretario de Educación, Ernesto Zedillo.

La estrategia definida a fin de lograr tal objetivo ha sido la misma empleada por anteriores gobiernos para conseguir la privatización de los ferrocarriles, los teléfonos, la electricidad e incluso del petróleo: mediante el descrédito de los trabajadores de estos sectores. Vale la pena analizar como ejemplo el caso de los ferrocarriles, que luego de haber constituido uno de los pilares del desarrollo económico nacional, fue lanzado al ostracismo mediante la corrupción del sindicato, haciéndola llegar después a los trabajadores, de manera que la sociedad mexicana demandara su privatización, en virtud de los pésimos servicios que ofrecía como medio de transporte de pasajeros y mercancías.

En cuanto a la educación, el proceso ha sido similar, fabricando primero un deterioro de los procesos de enseñanza como fundamento para promover la privatización. La descentralización de la responsabilidad educativa, poniéndola en manos de los gobiernos estatales, parecía una innovación sensata e idónea del gobierno de Carlos Salinas. No fue así, en virtud de la conservación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como ente controlador nacional, destinado a manipular a los órganos educativos de los estados, lo cual se aunó a la ausencia de mecanismos para frenar la corrupción de los gobiernos estatales, que vieron en esa descentralización la oportunidad de apoderarse de cuantiosos recursos como botín a su disposición.

La adopción de las evaluaciones Pisa de la OCDE y de las estandarizadas de la SEP, conocidas como pruebas Enlace, permitirían hacer ver a la población que la educación que recibían sus hijos no era adecuada, dando ocasión al gobierno para asignar la responsabilidad del desastre a los maestros y a sus líderes sindicales. Sin embargo, las cosas no salieron de acuerdo con los planes, pues los resultados de las evaluaciones Enlace realizadas durante el gobierno de Felipe Calderón mostraron que, gracias a los maestros, en diversos estados de la República se daba mejoría año con año en matemáticas, aun con el rechazo de los maestros a esas pruebas. Ello obligó a los círculos del poder (constituidos por empresarios y políticos afines a la OCDE) a instrumentar nuevas estrategias para estigmatizar a los mentores, como la película De panzazo, financiada por Mexicanos Primero y realizada por Televisa, surgiendo así la idea de la actual reforma educativa, orientada a dar el tiro de gracia a la educación pública, al colocar a los docentes como únicos responsables de la crisis que hoy vive el sistema de enseñanza nacional.

En su intervención en días pasados con motivo de la presentación del nuevo modelo educativo, el presidente Peña Nieto se atrevió a afirmar que era inmoral no modificar la educación, olvidando que su gobierno tiene como origen la compra de varios millones de votos, explicables sólo a partir de la ignorancia y la desesperación de quienes optaron por vender su futuro, sin comprender las consecuencias de sus actos.

De la misma manera y mostrando sus limitaciones, el presidente afirmó que se trataba de la innovación educativa más importante del siglo reciente, ignorando la creación de las normales de maestros y las escuelas rurales, la introducción de los libros de texto gratuitos, la creación del Instituto Politécnico Nacional y de los institutos tecnológicos regionales y la fundación de las universidades pedagógicas, así como las diferentes reformas decretadas durante el siglo XX, que hicieron posible la conformación del México moderno. ¿Cuál puede ser la credibilidad de un gobernante que pareciera ufanarse de sus mentiras?

¿Por qué este empeño en continuar un proyecto educativo condenado al fracaso, tanto por sus errores como por la heroica resistencia de los maestros y el respaldo de la sociedad? Hay dos razones para ello: una, en virtud de los grandes ingresos que la privatización de la educación significa para los dueños del capital representados por la OCDE; la otra, relacionada con las ventajas que asegura para los grupos del poder: la creación de un sistema educativo clientelar, ajeno al pensamiento crítico, para las familias de bajos ingresos, que al estar imposibilitadas para pagar colegiaturas, constituirían la reserva de votos, necesaria para asegurarles la conservación del control político de la nación.

Sólo para dar una idea de las dimensiones de lo que está en juego, pensemos que el proyecto del gobierno permitiría convencer a familias de ingresos medios para que 10 millones de estudiantes abandonen la educación pública y decidan pagar colegiaturas de 4 mil pesos mensuales, lo que representaría 500 mil millones de pesos anuales, constituyendo un ahorro para el gobierno y al mismo tiempo un costo para las familias, que contratarían créditos anuales para pagarlo, endeudando su futuro con los bancos que les otorguen los créditos necesarios. ¿A dónde irían a parar los ahorros que el gobierno obtendría con la reducción de la matrícula? Dados los niveles de corrupción y de voracidad de la actual clase política, no es difícil imaginar su destino, mientras el pago de intereses de 18 años de colegiaturas de los jóvenes que cada año terminen sus estudios nos da una idea del negocio que la educación puede representar para los bancos, en intereses para los capitales representados por la OCDE.

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