José Ángel Solorio Martínez
Desmantelar un sistema político, no es engullir un tamal de chipilín. Lleva tiempo; como tiempo llevó, erigir el que está vigente. El Ejecutivo Estatal tamaulipeco, está facilitando el trabajo de la IV T en la entidad. Su negativa a presentarse a declarar y la decisión del Congreso local, de declarar nulas todas las decisiones de la Fiscalía General de la República, abren la posibilidad de que el Senado –de mayoría morenista–, decida quién será el gobernador sustituto ante la carpeta de investigación abierta al desaforado gobernador. ¿Panistas aliados del Presidente, Andrés Manuel López Obrador? Eso parece. Y en este caso: lo que parece es. Contrafactualicemos: ¿Qué hubiera pasado si el Congreso de mayoría azul, opta por nombrar un gobernador sustituto? 1.- El gobernador, hubiera sido de extracción panista. Esa opción político-legal, le habría dado la posibilidad al PAN de mantener el Ejecutivo estatal en sus manos. 2.- El Congreso hubiera aparecido como un factor de gobernabilidad y de equilibrio en la entidad. 3.- Dormirían en paz, los miembros del Poder Judicial. 4.- El presupuesto, –tanto el que sale de los contribuyentes tamaulipecos, como el que envía la Federación– hubiera quedado en manos del Congreso local y del Ejecutivo estatal. 5.- Las instituciones de Seguridad Pública, tendrían la posibilidad de coordinarse con las fuerzas policiaco-militares de la Federación. En sentido contrario: ¿Qué pasaría si el Congreso se niega a nombrar gobernador sustituto? 1.- EL Senado entraría –por obligación Constitucional– a nombrar gobernador. Y lo peor: será nombrado de una terna enviada a la Cámara de Senadores por el Ejecutivo Federal. Lo que achicaría la posibilidad de que fuera panista. (Ya el Presidente de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, tendió la mano al PAN y a sus aliados para buscar una salida consensada, que sería una manera suave de resolver la crisis). 2.- El Congreso, estaría en el escenario de desaparecer como Poder. Y peor: podrían ser enjuiciados los legisladores, por entorpecer las tareas de la Justicia en el plano federal. 3.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, estarían en similar ruta que los congresistas: la de su desmantelamiento, en el huracán que se presentaría en la comarca como Desaparición de Poderes. 4.- El Presupuesto para el estado, se atoraría en tanto no se nombre un gobernador sustituto. Por una razón sencilla y sensata: no se puede responsabilizar del manejo de los dineros públicos provenientes de la Federación, a un prófugo de la Justicia. 5.- El Ejecutivo Estatal perseguido, estaría inhabilitado para participar en las mesas de seguridad en el estado. Bajo esos razonamientos, el Congreso panista está colaborando con AMLO de la manera más rentable: abre la expectativa de barrer a todo el régimen cabecista de fondo y de raíz. El sendero, de la prudencia y la razón, habría permitido al PAN, seguir enquistado como savia, en la red de poder del nuevo régimen, en personeros azules que desde el Supremo Tribunal de Justicia, el Congreso local y otras instituciones, habrían perdurado transexenalmente en estado latente o en activo contrapeso de las nuevas estructuras de autoridad. Pero no. Optaron por el todo o nada. Y cuando alguien juega contra el Presidente de la República, bajo ese emblema, es muy seguro que pierda…
