Cuestión Pública
Por: luis lauro carrillo Soto
Tamaulipas México.- La recuperación de la rectoría educativa por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la erradicación de comisionados sindicales en las tareas académicas, escolares, gremiales, electorales y de quienes aspiren a ocupar los cargos de asesores pedagógicos deberá presentar un examen, quedó en mera utopía.
Viene a cuento lo anterior porque los congresos locales en la adecuación de las leyes de educación estatal se apartaron del espíritu de la nueva reforma constitucional en materia educativa, realizaron cambios para que todo permaneciera igual al estilo de la obra de Tomas de Lampedusa, traducida en una contrarreforma educativa.
Cabe decir que suprimieron como causal de despido negarse a la evaluación; reprobar tres veces la evaluación y ausentarse por más de tres faltas consecutivas a sus labores sin justificación ni permiso de la dependencia patrón; exclusividad a normalistas locales para el concurso de plazas y permanencia y pago de licenciatarios, aviadores y comisionados.
Al efecto el censo educativo arrojó importantes y alarmantes resultados, por el número de comisionados, por el número de aviadores, por el número de fantasmas. Los casi 300 mil maestros que no trabajan en la escuela en la que están adscritos, que de acuerdo al censo de maestros, escuelas y alumnos, cuestan anualmente aproximadamente 35 mil millones de pesos.
De ahí que el secretario de Educación advirtiera que respecto a los 30 mil comisionados, no se sabe cuántos tienen licencia con goce de sueldo, y cuáles no. Tampoco está disponible la información sobre las “Comisiones” asignadas ya sea a labores sindicales, políticas, o de plano a la “aviaduria”, o a otras tareas necesarias, pero no necesariamente frente a grupo.
De igual manera guarda una situación similar las 114,000 bajas por fallecimiento, jubilación o invalidez, donde se carece de explicaciones. Surgiendo la pregunta obligada ¿por qué maestros fallecidos siguen cobrando?
En ese contexto llama la atención el poco interés de los medios de comunicación sobre los escandalosos resultados del censo educativo del INEGI, pareciera que el problema de la educación pública es pasado por alto como un tema menor e intrascendente para los mexicanos, interesando más cuestiones como la trata de personas del líder priista del DF acusado de regentear prostitutas.
De tal manera que se soslaya el deprimente estado de la mayoría escuelas públicas en el país, que carecen de electricidad, agua, drenaje, baños, climas y teléfonos, así como los miles de maestros que cobran sin trabajar y que nunca se localizan en los centros de trabajo de su adscripción.
Por otro lado autoridades y voceros empresariales venden por todos los medios y en todos los tonos el sofisma de la OCDE de que hay pobreza porque falta educación, por tanto hay que tener educación para salir de la pobreza. Ocultando que la causa de dicha pobreza está más en relación con el sistema de acumulación de capital que con el rubro educativo.
Retomando el tema de congresos estatales del país por lo menos la mitad de ellos engañaron no sólo a sus respectivos ciudadanos, sino a todo el país, al propio Congreso de la Unión y al mismísimo presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, los diputados locales interpretaron la constitución a conveniencia de los intereses políticos locales, con ello violentaron el espíritu de la reforma educativa.
Las legislaturas de los estados que violentaron la constitución no obstante que esta prohíbe lo permitido en las leyes secundarias de menor jerarquía como la de educación, que utilizando vías aparentemente jurídicas e institucionales realizaron un fraude a la ley fundamental al trastocar y vaciar de contenidos, los principios constitucionales.
Por consiguiente con ese engaño, el sistema educativo mexicano seguirá en manos de los grupos de presión de la CNTE y del SNTE. En otras palabras, más de lo mismo.
En definitiva los gobiernos estatales y congresos locales en los hechos mataron la reforma educativa interpretaron la constitución a la conveniencia de los intereses políticos locales, con su actuación violentaron el espíritu de la reforma educativa. Por lo tanto el Ejecutivo federal debería interponerla acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto las leyes estatales de educación.
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