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CORREDOR “Z”: EUGENIO, KARIME Y ODEBRECHTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mismo día que el Consejo Político Nacional del PRI pretende dar la luz verde para las reglas de la convención de delegados –eufemismo priista para encubrir el “dedazo”- que elegirá a su candidato presidencial para el 2018, las noticias nos vuelven a recordar que lo que cuenta en este momento es la cleptocracia.

En los tres casos que aparecen ahora en los medios –Odebrecht; el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández; y la esposa de Javier Duarte, Karime Macías- la línea más delicada es aquella que los involucra con operaciones electorales, precisamente para hacer que el PRI ganara. Veamos:

1.-Caso Odebrecht.- Sin procurador general al frente, la PGR investiga a familiares de 40 exfuncionarios de Petróleos Mexicanos involucrados desde 2010 en el presunto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Según la nota de La Jornada, entre los investigados se encuentran tanto los funcionarios de la empresa Braskem-Idesa, creada por Odebrecht para firmar los cuatro contratos que se han hecho parcialmente púbicos, como a los exfuncionarios Arturo Arregui García, subdirector de Planeación de Pemex; a Fernando Amor Castillo, subdirector de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos; a Víctor Domínguez, subdirector de Ductos, y a Armando Ricardo Arenas, exdirector.

No se menciona en la nota a Emilio Lozoya Austin, el joven tecnócrata que de integrante del Consejo de Administración de OHL –la consentida de los contratos de infraestructura de Peña Nieto- pasó a ser parte de la campaña presidencial del 2012 y exdirector de Pemex hasta hace un año.

El caso Odebrecht ya activó a la titular de la secretaria de la Función Pública, la exprocuradora general Arely Gómez, quien informó que impugnarán la suspensión definitiva que un juez federal le otorgó a la empresa brasileña.

Odebrecht es una papa caliente porque la investigación más profunda se realiza en Estados Unidos, donde testigos de la empresa señalaron haber pagado en México más de 10 millones de dólares tan sólo en sobornos para contraer contratos millonarios con Pemex. El expediente involucra tanto al gobierno de Felipe Calderón como al de Enrique Peña Nieto. Y Lozoya Austin ha lanzado una estrategia mediática y legal para defender su “honorabilidad”.

El punto más delicado del caso Odebrecht es el presunto uso o desvío de los sobornos a la campaña de Peña Nieto en el 2012. Algo que investiga la FEPADE y generó esta semana un escándalo al darse a conocer que Lozoya le envío una carta al fiscal Santiago Nieto para “ordenarle” que no lo investigaran.

La pregunta lógica es la siguiente: si Odebrecht pagó sobornos desde 2010, ¿el gobierno de Felipe Calderón no hizo nada porque no lo supo, o porque tenía un acuerdo con el entonces gobernador priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para repartir los “moches”?

2.-Caso Eugenio Hernández.- Después del exgobernador priista de Quintana Roo, Mario Villanueva, el exmandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández (2004-2010) se puede convertir en el segundo personaje priista extraditado a Estados Unidos, junto con su cuñado Oscar Gómez Guerra.

El 8 de febrero de este año, el Departamento de Justicia norteamericano presentó la última versión de su denuncia contra Hernández, a quien acusan de lavado de dinero y fraude en agravio a los bancos International Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce. Acusan al exgobernador priista y a su cuñado de defraudar a los tres bancos para ocultar la fuente real de sus ingresos: presunto lavado de dinero.

La fiscalía estadounidense pretende decomisarle a Eugenio Hernández tres residencias en Mc Allen, Texas, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una más en Austin, Texas, con valor comercial de 2.6 millones de dólares. Estas residencias están registradas a través de una empresa off shore, FOE Properties LLC, estrategia típica para encubrir recursos.

El caso de Eugenio se vincula con el de su exjefe y exhombre fuerte de la narcopolítica en Tamaulipas: Tomás Yarrington, detenido en Italia, y acusado también de presunto lavado de dinero.

Hernández y Yarrington, junto con los exgobernadores priistas Humberto Moreira, en Coahuila; y Fidel Herrera y Javier Duarte, en Veracruz; forman parte del “corredor Zeta”, es decir, de las entidades que fueron devastadas por la guerra entre el Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas. No en balde información norteamericana corrobora que la clave de estos exmandatarios era, en realidad, “Zeta 1”, es decir, las cabezas de esta amplia red de corrupción.

Y los cinco casos están vinculados a la campaña electoral de Peña Nieto en el Estado de México, en 2005, y a la presidencial del 2012. Operadores, financiadores y exdirigente nacional del PRI (en el caso de Moreira) en estos episodios que darán mucho de qué hablar.

3.-Karime Macías, “perseguida política” en Londres.- La esposa de Javier Duarte, famosa a partir de aquel mantra #SiMerezcoAbundancia, huyó graciosamente ante los ojos de todas las autoridades federales y estatales, cuando el exmandatario veracruzano fue detenido en Guatemala.

El periódico Reforma informó este 20 de octubre que Karime Macías Tubilla, y Moisés Mansur Cysneros, el principal prestanombres en la red de triangulación de recursos públicos desviados en la administración de Duarte, solicitaron asilo en Gran Bretaña y Canadá porque se dicen “perseguidos políticos”. ¿Quién los “persigue”? Eso aún no está claro. ¿El gobierno federal de Peña Nieto o el gobierno veracruzano de Miguel Ángel Yunes?

Desde que llegó en abril pasado a Londres, Karime Macías ha solicitado asilo, junto con sus tres hijos. A la exprimera dama veracruzana, la PGR no la persigue, aunque hay múltiples indicios de ser no sólo la esposa sino la socia de las operaciones de Javidú.

El silencio de Karime Macías vale oro para el gobierno peñista, precisamente porque no sólo mereció abundancia sino es conocedora, como pocos, de los entretelones de la corrupción priista en Veracruz y a nivel federal.

Por lo pronto, su esposo Javier Duarte permanecerá en el Reclusorio Norte, según determinó el Magistrado Primero del Tribunal Unitario de lo Penal en la Ciudad de México.

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