Acompañada de una millonaria campaña mediática, Enrique Peña Nieto presentó finalmente la iniciativa para privatizar el patrimonio de los mexicanos, al eliminar las restricciones constitucionales a la operación de empresas privadas en la exploración y producción de hidrocarburos, dándole amplia discrecionalidad al Ejecutivo para compartir la renta petrolera
La reforma de Enrique Peña Nieto busca modificar el párrafo sexto del artículo 27 Constitucional, eliminando la restricción para otorgar contratos a particulares, dejando a la discrecionalidad de la ley secundaria los detalles sobre la operación y otorgamiento de contratos de “utilidad compartida” a particulares, y la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Asimismo, la iniciativa de reforma presentada, en el cuarto párrafo del artículo 28 Constitucional, elimina como áreas estratégicas donde el Estado Mexicano tiene exclusividad, al petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad.
El texto propuesto por el Ejecutivo, por sí mismo evidencia el fin privatizador de tal reforma, aunque en el discurso y la campaña montada se hayan cuidado de no hacer referencia a la privatización. Si la intención no fuera que empresas privadas tengan derechos sobre la renta petrolera, no se requerirían cambios constitucionales.
Pero vayamos desmontando una a una las mentiras, que a fuerza de repetirlas miles de veces, siguiendo la máxima del ministro de propaganda nazi Joseph Gobbels, a través de los medios masivos de comunicación, Peña Nieto y su camarilla buscan hacernos creer que son verdad.
La primera perversión del discurso que utilizan para buscar convencer a los mexicanos de las bondades de tal atraco, es usar la imagen del Presidente Lázaro Cárdenas, buscando hacerlo coincidir ideológicamente con la izquierda.
Tergiversan la historia a su conveniencia, pues el General Cárdenas fue muy claro al advertir que “gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la Patria”. Pretender ahora vender mediáticamente a Lázaro Cárdenas como promotor de la privatización del petróleo, es tanto como afirmar que Zapata defendía los latifundios, o Madero buscaba establecer una dictadura. En esa reconstrucción tramposa de la historia podrían señalar sin ningún escrúpulo que Hidalgo defendía a la corona española o que Benito Juárez promovía la participación del clero en los asuntos del Estado. De ese tamaño es su patraña al utilizar para sus fines entreguistas la figura del Presidente nacionalizador.
En esta campaña por la privatización del petróleo, Peña Nieto y sus aliados montan un país de ensueño producto de la privatización petrolera, en la que habrá miles de nuevos empleos, bajarán las tarifas eléctricas, disminuirán los costos de gasolinas, y México será un país prospero y con crecimiento económico.
Es básicamente el mismo discurso que escuchamos en las reformas impulsadas desde el Pacto, la educativa y la de telecomunicaciones, que han traído más problemas que soluciones. Es, incluso, el mismo discurso de las privatizaciones salinistas.
Con respecto al empleo y al crecimiento económico, lo mismo han dicho sexenio tras sexenio, reforma neoliberal tras reforma estructural, y los números reflejan que ni hay más empleos, ni tampoco crecemos lo suficiente para aspirar a ser un país con desarrollo. Producto de este modelo fallido en nuestro país hay 53.3 millones de pobres.
Lo mismo dijeron con la Reforma Laboral y no sólo no se han generado los miles de empleos prometidos, sino que durante el segundo trimestre del 2013, la tasa de desempleo aumentó para ubicarse en 5.13%, lo que representa 2.6 millones de personas desempleadas. Es sólo un discurso que la gente se ha cansado de oír y no ver resultados.
Por otra parte, es un gran engaño venir a prometer que se van a reducir las tarifas eléctricas a los consumidores, cuando hoy en día las empresas privadas ya tienen casi el 40% de la capacidad de generación, y generan casi el 50% de la electricidad, y ello no ha contribuido a que disminuyan las tarifas, por el contrario, los hogares mexicanos enfrentan tarifas criminales, particularmente gravosas en zonas del país, que por las condiciones climáticas, el consumo de energía eléctrica es mayor.
Prometen que dándole el negocio a empresas privadas se abaratará la electricidad, el gas y las gasolinas, cuando está demostrado que sustituir monopolios públicos por privados en México no se traduce en menores precios al consumidor o mejores servicios, sino por el contrario. Como ejemplos latentes están Teléfonos de México y los bancos, ahora extranjeros.
Un elemento más de la campaña mediática, ha sido vender a ojos de los mexicanos a PEMEX como una empresa a punto de la banca rota, sin capacidad para explorar, producir, ni refinar, con fugas y mermas, como una empresa que no le genera ninguna ganancia a los mexicanos. Cuando en realidad, de acuerdo a los mismos datos con los que PEMEX se presenta en el extranjero, tiene costos de producción más baratos que Statoil y Petrobras, los dos modelos que busca replicar la reforma energética. Mientras que a PEMEX producir un barril de petróleo y gas le cuesta 6.12 dólares, a Statoil le cuesta 7.19 y es apenas dos dólares más caro que lo que le cuesta a Petrobras o a Exxon.
En cuanto al posicionamiento internacional, PEMEX, por sus ingresos, es la empresa número 13 a nivel de América, y la número 34 a nivel mundial. Es una empresa clave en la industria petrolera al ocupar el número 4 a nivel mundial como productor de crudo desde 2008, y la número 3 como mayor exportador de crudo a EUA. Ocupa el lugar número 13 en reservas de crudo, y la número 14 en ingresos, con más de 100 mil millones de dólares por ventas. Estos y muchos datos que presenta PEMEX en el extranjero, rompen con la imagen de empresa fracasada, a pesar de las grandes mermas por corrupción y la carga fiscal que tiene.
Por otra parte, analizando el fondo de la propuesta, es evidente que la propuesta de reforma de Enrique Peña Nieto y su camarilla, no busca vender PEMEX, no les interesa ni un tornillo, ni una viga de esta empresa, dejarán que se desvalije con el tiempo, por lo que vienen es por la renta petrolera.
Por más que los voceros de la reforma busquen disfrazar las intenciones de dejar en manos privadas las ganancias derivadas del petróleo mexicano, es un hecho que los contratos de utilidad compartida no es otra cosa que repartirse de manera discrecional la renta petrolera.
A fin de aclarar los términos, he recurrido a la definición de “renta” en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que en su primera acepción la define como “utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, o lo que de ello se cobra”. Así pues, es claro que, con los contratos que busca establecer la reforma propuesta por el Ejecutivo, se repartirán entre particulares los beneficios que rinda la producción del petróleo de los mexicanos. Dejando abierto el porcentaje del reparto a la oferta que las empresas hagan, prometiendo que nunca será mayor al 50 por ciento de las ganancias.
El problema mayor será determinar la utilidad a repartirse, que dada la corrupción prevaleciente en nuestro sistema, permitirá que los operadores inflen costos y disminuyan artificialmente utilidades, para apropiarse de una mayor renta. Eso es lo que sucede justamente con las grandes empresas en México, donde hacienda no logra cobrarle impuestos, dadas las múltiples maneras de evadirlos.
Pero además, con la reforma fiscal anunciada, buscarán que la carga fiscal a PEMEX sea menor, con lo que aumentarán las utilidades a repartirse entre particulares. Teniendo que tapar el hueco que deje en el presupuesto público la disminución de ingresos por la vía de los impuestos al petróleo, con el aumento del IVA y grabando alimentos y medicinas.
Este esquema da para que PEMEX se hunda, al ponerla a competir, sin inversión y compartiendo la renta, y poco a poco sus demás actividades pasen a manos privadas.
La reforma energética que necesita México, no es esta sarta mentiras montadas en un aparato publicitario, para disfrazar las intenciones de quien llegó comprando la silla presidencial, de vender a México.
Si de verdad le interesara el debate y no sólo fuera propaganda, deberíamos estar discutiendo sobre la autonomía de gestión y el cambio de régimen fiscal de PEMEX con fines de inversión en la producción y refinación de los hidrocarburos, así como de nuevas fuentes de energía menos contaminantes, se plantearía un combate a fondo de la corrupción que ahorca a la empresa, estaríamos hablando de los mecanismos para hacer de la electricidad un Derecho Humano de todos los mexicanos, y se buscarían mecanismos para una tarifa eléctrica social justa. Ese es el debate que se debe dar, no el montaje que se ha instalado para pagar con la renta petrolera a las empresas privadas.
