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Elba Esther Gordillo: Relaciones que queman

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En el imaginario de la familia de Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, quien vive en Vancouver para eludir a la justicia mexicana que lo acusa de lavado de dinero, es un modelo a seguir. Desde el primer momento de la detención de la maestra en febrero, acusada también de lavado de dinero y por delincuencia organizada, Gómez Urrutia, que maneja secciones importantes del sindicato de mineros desde Canadá, fue visto como la alternativa que tenía la ex dirigente magisterial para enfrentar jurídicamente su caso y llevarlo al plano político. Algunos de sus familiares llegaron a considerar la opción de pedir asilo político en Canadá, y desde ese país seguir manejando el sindicato de maestros.

Esta opción está agotada. El ofrecimiento de la senadora Mónica Arriola, hija de la maestra, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de entregarle el sindicato a cambio de contener la persecución de su familia, fue incumplido. Ni Arriola ni su cuñado Fernando González, que también cabildeó para ofrecer el sindicato al gobierno, y menos aún su padre Francisco, el hombre que manejaba los dineros de la maestra desde el sindicato, que se escondió para no ser aprehendido, pudieron cumplirlo. Juan Díaz, hasta ese día secretario general, tomó el mando en contra de los deseos de la familia, y se convirtió en el interlocutor de las autoridades.

No están canceladas las otras opciones. Gómez Urrutia y Gordillo comparten desde hace tiempo el mismo despacho de fiscalistas, y a partir de mediados de marzo, también a Marco del Toro Carazo, un abogado altamente reconocido en el gremio que ha defendido a presuntos delincuentes de cuello blanco. Del Toro Carazo, de origen costarricense, opera desde Guadalajara y, como él mismo lo admitió cuando lo estigmatizaban con ser el abogado de líderes sindicales en problemas, trabaja sin tintes partidistas y con un enfoque meramente técnico.

Del Toro Carazo participó en el juicio de extradición del ex banquero Carlos Cabal Peniche, acusado en 1994 de operaciones fraudulentas cuando era dueño del Grupo Financiero Cremi-Unión, y que estuvo prófugo durante cuatro años en Australia, desde donde lo extraditaron con 14 acusaciones en su contra. El abogado tapatío fue uno de los testigos de Cabal Peniche en el largo juicio que concluyó hace tres años, cuando el tabasqueño recuperó muchos de sus bienes, pero jamás la fortuna que había amasado.

En 2000 participó en el equipo de asesores jurídicos del presidente Vicente Fox, y dos años después, el entonces abogado de Pemex, César Nava, le asignó un contrato por tres millones de dólares para ser parte del equipo que persiguió a varios priistas por el Caso Pemexgate, varios de los cuales terminaron en la cárcel y unos más, exonerados por completo de las imputaciones de uso indebido de recursos en la campaña presidencial de Francisco Labastida, son funcionarios importantes en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero el caso que más lo ha tenido frente a los reflectores de los medios es el de Gómez Urrutia, acusado en 2006 de haber desviado 55 millones de dólares de un fideicomiso minero que terminó en las cuentas de su familia, y obtener en 2011 una importante golpe al ganar un amparo contra la orden de aprehensión de su cliente. No obstante, ese amparo fue revocado y se ha girado una nueva orden de aprehensión contra el líder sindical, que pudiera ser extraditado.

La maestra Gordillo y su familia llegaron en mal momento con el abogado de Gómez Urrutia, quien ha estado buscando un acercamiento con el gobierno de Enrique Peña Nieto para arreglar su situación jurídica, un poco desesperado quizás –según dejó entrever con su lenguaje en un artículo reciente publicado en el diario La Jornada-, después de haber ayudado al candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador durante última la campaña presidencial. El líder minero no es el modelo a seguir, como lo piensan algunos familiares de la maestra, ni contratar a su abogado, pese a su capacidad como penalista, parece políticamente lo más atinado. Pero errores en el juicio político de la maestra ya no son inusuales. Al contrario. Son consistentes las decisiones fallidas que cometió en los últimos meses y que hoy la tienen en la cárcel.
Estrictamente Personal Raymundo Riva Palacio

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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